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El gobierno de Gustavo Petro presentó su proyecto de gasto por $523 billones (cerca del 30 % del PIB), ligeramente inferior al Presupuesto General de la Nación de 2023. No es una buena noticia para una economía estancada desde hace tres años. Para empeorar las cosas, el gobierno anunció un recorte de $50 billones en los gastos de 2024, que es más del 4 % del PIB. Relativo al gasto total, se trata de un fuerte golpe que se sentirá en la inversión pública e incluso en los gastos de funcionamiento; afectará programas como Adulto mayor, Jóvenes en acción y Mujeres cabeza de hogar.
El resultado de 2023 fue de un crecimiento de solo 0,6 %, un poco superior al crecimiento de la población que para el mismo año se calcula en 0,4 %. O sea que el PIB por habitante creció muy poco, algo que puede verse empeorado por el esperado aumento de la inmigración venezolana tras los resultados de la elección de 2024 que perpetuarán la situación de estancamiento endémico que sufre la vecina nación. En efecto, 25 años de gobierno autoritario supuestamente socialista han hecho mella profunda en la economía que ha visto reducido su tamaño en un 75 %. Es el resultado de políticas equivocadas del régimen de Maduro al que poco le interesa el crecimiento económico.
El presupuesto de Colombia para 2025 se distribuye así: 62 % de gastos de funcionamiento; 21,5 % de servicio de la deuda pública y cerca de 16 % destinado a la inversión. Como se expresa en las proporciones, la inversión es un monto modesto a pesar de que es el rubro que más multiplica el crecimiento de la economía, sobre todo si se destina a infraestructura. El financiamiento de la inversión dependerá de una nueva reforma tributaria que debe generar unos $12 billones, frente a una economía y unas empresas que crecen muy poco y están exhaustas de recursos.
Los gastos de funcionamiento del gobierno se calculan en $327 billones, que representan un crecimiento de 6 %, que frente a una inflación de más del 5 % reflejan un bajo impacto. Los recursos destinados al servicio de la deuda aumentan cerca del 20 % a unos $113 billones, lo que constituye un drenaje fuerte de recursos, saliendo damnificada la inversión que se reduce en más de $17 billones.
Los sectores más afectados por los recortes anunciados son inclusión social, agricultura y deporte, este último con una contracción tremenda del 65 %, lo que perpetúa la pobreza que nos hace quedar mal en las justas internacionales. Los gastos destinados al desarrollo tecnológico caen 25 %. La mayor caída en su presupuesto de 2025 sería en deporte, agricultura e inclusión social. La agricultura ha tenido un buen desempeño este año, ayudada por un clima benévolo, produciendo alimentos de manera abundante y barata que han ayudado a reducir la inflación.
Aunque los partidarios de la austeridad fiscal pueden declararse satisfechos con la política del gobierno, los que reconocemos la necesidad de aplicar paliativos para recuperar el crecimiento económico perdido y reducir el alto desempleo (10,2 % de la fuerza de trabajo) nos sentimos defraudados. Lo que requiere la situación de desempleo es, por el contrario, que se dé un fuerte aumento del gasto público, sobre todo en áreas intensivas en trabajo como obras públicas.
Según el Banco de la República, el crecimiento de la economía en 2025 será entre 1,5 y 1,9 %, que es un tercio del crecimiento promedio de Colombia. El emisor decidió hacer una reducción de la tasa de interés de referencia (con la que los bancos reciben recursos del emisor) de 0,5 % para quedar en 12,25 % que sigue siendo una tasa punitiva frente a una inflación que va a la baja y se espera que termine el año alrededor del 5 %, o sea que la tasa real rondará el 7 %. Eso hace que tanto el crédito destinado al consumo como a la inversión sigan siendo prohibitivos y debiliten el crecimiento económico.
