El Ministerio de Hacienda presentó su proyecto de presupuesto para 2025 por un monto de $523 billones de pesos, equivalente al 30,6 % del PIB proyectado para el mismo año. La senda del presupuesto ha sido creciente en este gobierno: del 27,5 % del PIB en 2023 saltó al 31 % en 2024 y disminuyó un tris dentro del producto para el año entrante. No hubo consenso entre las cuatro comisiones del Congreso que intentaron legislar sobre el proyecto del gobierno, al que siempre se le facilita imponer su criterio, pues no necesita de la aprobación del Congreso para decretar.
Recuerdo una caracterización del Estado colombiano que solía hacer el grupo político al que pertenecía en los años 70: se trataba de una “dictadura civil”. De hecho, en la historia del capitalismo, la lucha entre la corona y los contribuyentes se zanjó en Inglaterra a favor de los segundos y del parlamento como el único recinto en el que se negociaban los tributos, lo que requirió que rodaran cabezas muy eminentes. La consigna de la independencia de los colonos del norte de América contra la dominación inglesa fue precisamente la de “no hay tributación sin representación”. En nuestro sistema político ultra-centralizado, el Congreso actúa más bien como notario del gobierno que rubrica todas sus iniciativas con negociaciones que se cierran con concesiones de gasto público regional y en puestos para las bases políticas de los congresistas, que representan las “fuerzas vivas” de sus regiones, pero no se dan intensas controversias ideológicas.
El monto que el gobierno aspira gastar no se compadece con el recaudo posible, quedándose corto en $12 billones. Para recaudar el faltante, el gobierno propone una segunda reforma tributaria en los dos años que quedan de su mandato, algo que no ven con buenos ojos empresarios nacionales y extranjeros. Revela poca previsión del gobierno el estar remendando el estatuto tributario cada año. De los 12 billones contemplados, seis billones saldrían de nuevos impuestos y el resto surgiría de endeudamiento adicional, emitiendo bonos que seguramente ofrecerán intereses más altos de los que logró el país en el pasado.
Los nuevos impuestos recaerían sobre plataformas de juego y azar con la tasa del 19 %, restablecerían el IVA a los carros híbridos que perderían su atractivo y el logro de disminución de emisiones de carbono, aunque se mantendría la exención para los carros eléctricos que presentan el inconveniente de no contar con suficientes estaciones de carga en el país. Se ampliarían también los impuestos al carbono. Al mismo tiempo, el gobierno hace concesiones inconvenientes para el equilibrio fiscal, como reducciones de impuestos a ciertas empresas e incentivos al turismo, supuestamente para impulsar la reactivación de una economía que está creciendo muy poco. Un verdadero impulso al crecimiento exige un fuerte gasto deficitario, para lo cual el gobierno no cuenta con espacio político.
Con el mismo ánimo reactivador se establecen rebajas de impuestos a las empresas que inviertan en energías renovables y en el turismo sostenible, que no se sabe bien qué es.
Un último tema que se le cuelga a toda reforma tributaria es la mejora de la eficiencia administrativa de DIAN, algo que generalmente es difícil de lograr por los sindicatos de la entidad y el poco atractivo que tiene de vincular personal altamente calificado y difícil de corromper, sin mencionar la falta de inversión en equipos y en formar verdaderos detectives tributarios.
