El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 alcanza $557 billones, un aumento del 6 % frente al que está en ejecución para el presente año, lo que, en términos reales o de poder adquisitivo, representa un aumento de solo 1 %. Si uno se pregunta por qué el aumento es tan moderado, la respuesta está en que el Gobierno no cuenta con apoyo suficiente en el Congreso para obtener la aprobación de un proyecto más ambicioso, por lo cual prefiere pasar de agache.
Sin una fuente mayor de impuestos, un mayor gasto requeriría de un endeudamiento proporcional. A lo anterior se suma que el país perdió el grado de inversión que le garantizaba tratos preferenciales de endeudamiento tanto para el sector público como para el privado. Al haber vulnerado la regla fiscal excediéndose en su gasto, el Gobierno tiene que pagar tasas de interés muy elevadas. El régimen jugó a acentuar el llamado “riesgo país” o de no pago de sus obligaciones y todos estamos sufriendo las consecuencias.
Del presupuesto general presentado se destinarán a trasferencias $275 billones así: $88,3 billones al Sistema General de Participaciones para las regiones, $87,4 billones para pensiones y $51,3 billones al sistema de salud. La nómina del Gobierno alcanza los $68,8 billones y los bienes y servicios que adquiere suman casi $19 billones. El servicio de la deuda se lleva una buena tajada de $143 billones, la mayor parte en deuda interna emitida con los llamados TES, aunque también hay deuda externa ($57,7 billones) adquirida por instituciones y personas.
El gasto primario del Gobierno equivale a $454 billones, que se divide en funcionamiento el 84 % e inversión de $88,5 billones, que es solo el 16 % del presupuesto. Un Estado más productivo destinaría más recursos a la inversión y al desarrollo, lo que aceleraría el crecimiento de la economía.
Por el lado de los ingresos del Gobierno, el impuesto a la renta de empresas y personas aportó $148 billones, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó $77 billones. El primero es progresivo, pues es proporcional al ingreso de los agentes, aunque los expertos tributarios que asesoran a los sectores más ricos de la sociedad logran reducir los impuestos que efectivamente pagan. El IVA es más regresivo, pues recae sobre bienes de consumo, aunque no sobre bienes esenciales como alimentos.
Petro está en su último año de mandato, en el que ha perdido aliento, lo que en el argot político norteamericano se tilda de lame duck, como un pato cojo. El capital político con que contaba ha sido utilizado casi por completo y no tiene puestos adicionales que ofrecer. No obstante, cuenta con un ejército de activistas pagos que tendrán una buena capacidad de movilización de la que ninguna otra fuerza política dispone, ni siquiera si se une todas las variantes del centro político. Quizás, si la derecha se le suma al centro, se podrá neutralizar la permanencia en el poder de la coalición de la izquierda.
El Gobierno no logró cambiar el esquema tributario que impera en el país desde hace décadas, de acuerdo con su programa progresista. Este consiste en aumentar los impuestos directos a las personas más ricas y a las empresas y reducir los tributos indirectos como el IVA que castigan a todos los consumidores, sin importar la condición social de cada cual. Sí lo intentó, pero el Congreso no le colaboró.
