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En agosto de 2022 se instaló el gobierno de Gustavo Petro, que recibió de la administración anterior un recaudo de $228 billones, equivalente a 19,7 % del PIB. El déficit fiscal heredado fue cuantioso –del 6,2 % del PIB– debido principalmente a los gastos asociados a la pandemia del Covid-19 que demandó esfuerzos extraordinarios para conjurarla. Sin embargo, se hicieron esfuerzos de austeridad que mejoraron la situación fiscal.
La reforma tributaria de José Antonio Ocampo intentó corregir el desequilibrio, ampliando los recursos del gobierno en $50 billones para 2023, logro que le fue recompensado con una patadita. El despido de Ocampo le salió caro a Petro: en 2023 el recaudo disminuyó dos puntos del PIB, debido quizás a la inexperiencia del ministro Diego Guevara y del Pacto Histórico en el manejo del Estado y a su carencia de una tecnocracia eficiente. En efecto, ese año el recaudo cayó $12 billones, lo que habla mal del desempeño del exministro Ricardo Bonilla, a quien Petro despidió por su aparente participación en el escándalo de la UNGRD con una pérdida gigantesca de plata pública sobre un contrato por $46.800 millones. Se esperaba que el primer gobierno de izquierda del país fuera especialmente pulcro, pero no sucedió así.
En 2025 parece que se ampliará el deterioro fiscal con otra pérdida de dos puntos para quedar con un recaudo total de sólo 15,7 % del PIB. Anteriormente, cada reforma lograba aumentar el recaudo en 1 % del PIB, pero ahora tenemos el equivalente de varios intentos fallidos que restan -4 % del PIB. Esto puede deberse a una especie de huelga de los empresarios que recurren a operaciones de brazos caídos.
Para 2025 se espera que el déficit fiscal supere el 7 % del PIB, que en pesos representa $128 billones, lo que constituye el pico más alto en la historia del país, superior incluso al que sufrió con la pandemia del Covid-19 en el año 2020.
La salida que encontró el Gobierno ante su infortunio fue endeudarse con tasas de interés muy costosas. Rehusó hacer un recorte fuerte de su gasto, como el que sugirió el ministro Diego Guevara. El buen consejo irritó tanto al presidente que, en vez de agradecerlo, precipitó la salida de Guevara. El ministerio quedó en manos de Germán Ávila, poco reconocido entre los economistas del país, pues su experiencia es la administración de cooperativas. Con todo, el tren de gasto tuvo que frenarse al escasear los inversionistas que se arriesgaran a prestarle a un gobierno que en 2025 va a registrar un déficit público récord de más de 7 % del PIB, o sea $120 billones.
El deterioro de la posición fiscal del país llevó a las tres calificadoras de riesgo internacional a reducir la nota de Colombia. “La calificadora Moody’s ha rebajado la calificación de deuda de Colombia de Baa2 a Baa3, con perspectiva estable, debido al deterioro proyectado en los indicadores de deuda del gobierno. Esta decisión refleja las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de Colombia para cumplir con sus obligaciones financieras”. La perspectiva se dejó en estable gracias a la independencia y pulcritud del Banco de la República.
Moody’s destacó “un deterioro proyectado en los indicadores de deuda del gobierno y riesgos asociados a la consolidación fiscal”. Ello implica que “Colombia podría enfrentar mayores costos de endeudamiento en el futuro y un mayor escrutinio por parte de los inversionistas (…) La decisión se produce después de que otras agencias, como Fitch y Standard & Poor’s habían reducido la calificación de Colombia a grado especulativo”. No les va bien al Gobierno ni al país.
