En la negociación frustrada entre los empresarios y los trabajadores, los primeros ofrecieron 7 % de alza del salario mínimo (1,7 % de alza real), mientras que los trabajadores demandaron 16 % (casi 11 % de alza real). El Gobierno rompió la mesa decretando un alza hiperbólica de casi 24 %, en términos reales equivalentes a un reajuste cercano al 20 %, el más alto en la historia del país.
La medida fue celebrada con fuegos artificiales, cerveza y aguardiente por los sindicatos, pero los empresarios quedaron consternados, con sus márgenes de ganancia destruidos y afrontando pérdidas de su capital. El problema es que el reajuste amenaza la estabilidad macroeconómica del país: su impacto inflacionario será muy fuerte, pues el salario es la unidad de cuenta de la economía, presente en todos los bienes y servicios producidos. Para rematar, el Banco de la República deberá aumentar más su tasa de interés de referencia que hoy está en 9,25 %, en un vano intento por frenar las consecuencias inflacionarias de la política salarial del Gobierno, agregando otro lastre al crecimiento de la economía, algo por lo cual el presidente volverá a fustigar al emisor. Uno de los efectos inmediatos del alza del costo del trabajo será la reducción del empleo formal, por ejemplo, despidos, trabajadores que pasan de tiempo completo a medio tiempo o de la formalidad a la informalidad, donde no se pagan prestaciones sociales.
La generosidad de Petro termina siendo un tiro en el pie del gobierno que deberá reajustar su nómina en proporción a su regalo. Piénsese que, en 2025, el déficit público alcanzó un hito histórico del 7,1 % del PIB, mientras que hay casi 1’400.000 servidores públicos, “siendo los docentes (24 %) y los uniformados (29 %) los grupos más grandes”, según Función Pública. La mayor parte de estos funcionarios ganan más de un salario mínimo, así que el alza implica un costo adicional de unos 1’200.000 millones de pesos ($1,2 billones), lo que se añade al déficit de 10,5 billones de pesos con que terminó el gobierno de Petro el 2025.
El intento de hacer aprobar una nueva reforma tributaria con que financiar el regalo fue rechazado por el Congreso. Nunca se había visto un gobierno de tanta irresponsabilidad fiscal que le lega un problemón a su sucesor y que bien puede ser de su mismo partido. Ya se ha visto como el gobierno contrajo una deuda por 23 billones de pesos en días pasados pagando intereses costosos de 13,5 % anual en una operación opaca, por decir lo menos con una sola firma norteamericana, cuando debe convocar subastas públicas que garantizan intereses más bajos.
La nueva reforma tributaria, “aprobada” por decreto, es ilegal porque solo el Congreso puede legislar sobre impuestos. Pero ¿para qué necesita tanta plata Petro? Pues para asegurar otros cuatro años de gobierno del Pacto Histórico, en cabeza de Iván Cepeda Castro.
Yo siempre he simpatizado con Cepeda por ser un político pensante, serio y recto de carácter. Votaría por el si no fuera militante de Pacto Histórico. Por lo mismo, debo buscar una opción no continuista a un gobierno que está lleno de problemas, aun sin el aventurerismo de su líder. El Pacto Histórico ha improvisado una burocracia afecta y el sucesor de Petro, si es que las urnas lo favorecen, continuará utilizándola. Es que un partido que disfruta del poder por primera vez va a contar con muchos militantes que explotarán su buen momento, pensando que quizás no repitan su buena suerte en el futuro. Es esto lo que explica la voracidad de aquellas de sus huestes que se decidieron por la corrupción.
