El régimen pensional en el banquillo

La Corte Constitucional está examinando la legalidad de los traslados del régimen privado de pensiones al público. Mientras el privado, que se identifica como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), otorga mesadas que son solo el 27 % del salario promedio de los últimos 10 años de vida laboral, el Régimen de Prima Media (RPM) otorga un 64 %. Es la razón por la cual un millón de personas se han trasladado del RAIS al RPM, creándole un problema fiscal al Estado.

Mientras el sistema público es generoso y requiere de subsidios, el régimen de ahorro individual paga mesadas muy bajas y se queda con una tajada excepcional de los ahorros de sus afiliados que son la base de sus ganancias extraordinarias. En 2019, la rentabilidad del sector financiero fue de 13 % de su capital, pero la de las AFP fue del 24 % (datos de Flor Salazar).

El subsidio a las pensiones en 2021 será de unos $40 billones (3,9 % del PIB), pero, ojo: Colpensiones marca un déficit de sólo 1 %, el resto de apropiaciones son para Defensa y Policía con 1 %, el Magisterio con otro 0,75 %, y el 1,15 % restante es de las pensiones del Poder Ejecutivo y Judicial. Para 2022 el subsidió será de 4,3 % del PIB y Colpensiones aumenta su déficit al 1,6 %.

Los gremios maliciosos del sector privado (Asofondos y ANIF) afirman que todo el déficit del sector público es responsabilidad de Colpensiones, lo cual es contraevidente. De acuerdo con Asofondos, la migración hacia el sector público causaría un déficit adicional de $34,1 billones, algo que es discutible.

Según Jorge Armando Rodríguez, “las estimaciones del efecto fiscal de los traslados tienen en cuenta los costos duraderos o permanentes asociados a las mesadas pensionales que los demandantes obtendrían en Colpensiones, pero, a juzgar por lo que se indica en los documentos entregados a la Corte Constitucional por las dos entidades, solo contabilizan los beneficios inmediatos asociados al traslado al RPM del capital acumulado por los mismos demandantes en el RAIS”. Los defensores del régimen privado pasan por alto “el efecto positivo que se generaría a través del tiempo por la liberación de recursos del presupuesto nacional que de otra manera tendrían que utilizarse para realizar dicho pago”. El costo de oportunidad o el ahorro podría ser aproximado con los intereses que tiene que pagar el Gobierno por sus bonos (7 % anual) sobre el capital recibido de las AFP.

Para solventar el problema de los traslados se requiere igualar los beneficios de los dos sistemas, reduciendo los de prima media (con la ayuda de un impuestos a las pensiones altas y una nueva regulación) y aumentando los de ahorro individual. Sería necesario limitar los costos de administración de las AFP, que son elevados (se quedan con el 4,5 % del 16 % del aporte mensual), lo cual contribuiría a financiar mesadas más altas para sus afiliados. Según Angélica Lozano, de cada $100 que recibe Colpensiones, $18 van a seguros y $82 al fondo común; las AFP se quedan con $10 de administración, $18 de seguros y entran a la cuenta individual del afiliado solo $72.

Sería conveniente que la Superintendencia Financiera forzara una venta de parte de la propiedad accionaria de las dos AFP más grandes (Porvenir y Protección), para que nuevos operadores entren al negocio. Se daría mayor competencia en ese mercado que debe favorecer a los afiliados con mejores condiciones de ahorro y de retiro.