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EL SALARIO MÍNIMO ES UNA INSTI-tución que intenta proteger al trabajo de las fuerzas del mercado, sobre todo en circunstancias en las cuales hay una oferta excesiva de mano de obra que, por sí misma presionaría a la baja el ingreso de los trabajadores.
La regulación del salario es eficaz en economías altamente formalizadas, en las cuales las actividades de la economía llamada “a la sombra” son una parte pequeña de la actividad económica agregada. Pero incluso en economías desarrolladas, las regulaciones salariales están siendo crecientemente incumplidas con el recurso a trabajadores inmigrantes ilegales.
En nuestras circunstancias, el salario mínimo es una figura que tiene su impacto sobre la economía formal, al ponerle el piso a la escala salarial y al sugerir el orden de ajuste que debe tener toda la escala. Se ha vuelto más importante en la medida en que las organizaciones sindicales han sido duramente golpeadas por la extrema derecha y por el paramilitarismo, por el desempleo estructural (más del 10% de la fuerza de trabajo) y por la enorme informalidad (56% de la población en edad de trabajar) que caracteriza la economía colombiana.
El sindicalismo, que en los años sesenta del siglo XX logró albergar al 14% de la fuerza de trabajo, hoy a duras penas cubre el 4%. De esta manera, la carencia de fuerza en la negociación salarial empresa por empresa se traslada a la arena nacional para lograr afectar el salario mínimo en la negociación con los gremios empresariales y con el gobierno. En esta ocasión y de nuevo, el ajuste fue dictado por decreto, muy cercano a la posición de los gremios empresariales, al no lograrse una concertación entre las partes.
El monto del ajuste inicial fue de 3,4% que resultó 0,3% por encima del resultado de la inflación anual, anunciado pocos días después. Sin embargo, el dato sobre la inflación de los estratos bajos, que corresponde a los trabajadores, fue de 3,58%, lo cual informaba que no se compensaba enteramente la pérdida de su capacidad adquisitiva, que resultó de la inflación, disparada por el alto precio de los alimentos.
La pequeña rectificación que hizo el presidente Santos de ajustar al 4% el salario mínimo no resuelve el problema de los bajos ingresos de los trabajadores y menos el de las causas de la contracción de la capacidad adquisitiva del salario. Un salario legal que puede ser burlado sin consecuencias por buena parte de los empresarios del país significa que aumentará un tanto más la informalidad, con menos impacto sobre el empleo. Por ejemplo, las empresas formales pueden subcontratar lo que quieran con contratistas informales que pagan a sus trabajadores muy por debajo del mínimo y no cotizan a la seguridad social ni pagan parafiscales.
La pérdida adquisitiva del salario se amplificará en los meses siguientes de este año por la inundación de miles de hectáreas de cultivos, daños permanentes en los hatos ganaderos y, lo que es peor, por el colapso de la red de transporte nacional. El problema serio es entonces el de la carestía de alimentos y, como afirma Alejandro Gaviria, debe ser enfrentado con toda una serie de medidas que aumenten y abaraten la oferta de alimentos: cero arancel a las importaciones de alimentos y materias primas, más programas tipo Bogotá sin hambre a nivel nacional, fomento a la producción de alimentos y huertas urbanas.
