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La economía colombiana se perfila como la de peor comportamiento comparada con Perú, Chile y México. El crecimiento de los dos últimos años ha promediado un 5,6 % anual para los tres países, mientras que Colombia obtuvo 4,5 %. La tasa de desempleo nuestra fue de 8,9 % mientras los otros lograron 7 %. La inflación redondeó 8,7 % en nuestro caso y 5,5 % para los demás. En materias de déficit fiscal, el desajuste del país fue de 5,8 % del PIB, comparado con solo 2,6 % para los otros tres. Es la diferencia que logra la disciplina fiscal que crea condiciones macroeconómicas apropiadas, favoreciendo el crecimiento económico con estabilidad de precios.
Para este año se calcula que el déficit del gobierno será de 7,1 % del PIB, el más elevado durante el siglo XXI, incluso más que durante la pandemia que demandó un esfuerzo gigantesco de gasto en salud. El déficit de los gobiernos de los otros tres países con los que nos comparamos fue de 2,5 % de sus productos internos. Tener un déficit fiscal tan alto nos hace percibir como un terreno pantanoso para los inversionistas locales y extranjeros, pues un cese de pagos así sea parcial del gobierno contraerá la economía y hará que los agentes pierdan plata.
La prima de riesgo de un país es la tasa de interés adicional que debe pagar por créditos, sobre lo que corresponde a la economía norteamericana; esta fue de 3,5 puntos para Colombia, mientras que los tres países con los que nos comparamos pagaron 1,7 puntos adicionales. La deuda pública aumentó 7 puntos del PIB para alcanzar 63,3 % del mismo, cuando se considera que superar el 60 % es entrar en zona de peligro. Para advertir de esa posibilidad se tiene la regla fiscal que establece el límite de los faltantes de las finanzas públicas y que hacen que el semáforo empiece a parpadear hacia el rojo.
Del presupuesto general que para 2025 fijó el gobierno en $523 billones (27,6 % del PIB), solo $82,5 billones (4,4 % del PIB) se destinará a inversión, incluso por debajo de los casi 100 billones que se apartaron en 2024 para el mismo fin. Aun así, faltan $28 billones que el gobierno esperaba recaudar por medio de una nueva reforma tributaria, algo que no va a pasar pues el Congreso no legisla impuestos en vísperas de elecciones a menos que sea suicida.
Lo anterior significa que la infraestructura de carreteras, aeropuertos, energía y agua continuará siendo insuficiente frente a las necesidades del país. No solo cayó la inversión pública sino también la privada. La inversión total alcanzó solo un 17 % del PIB, cuando en los períodos de crecimiento acelerado esta variable solía alcanzar entre el 25 y el 28 % del producto interno colombiano.
Como lo habíamos expresado antes, los empresarios se animan a invertir cuando las condiciones económicas y políticas son propicias. Hoy las condiciones económicas son de una moderada reactivación que augura un crecimiento de 2,6 % para este año. Un gobierno hostil a la clase empresarial crea incentivos contrarios a la inversión: invitan más bien a la huelga de brazos caídos, mientras no se de el cambio de administración; aunque este se viene en agosto de 2026, no se sabe qué partido o coalición triunfará en esos comicios.
