El aumento del nivel de precios que sufrió la economía colombiana en marzo de 2026 fue de 5,6 %, bastante lejos de la meta fijada por el Banco de la República, que debe oscilar alrededor del 3 %. Se trata de un objetivo moderado que permite a los precios ajustarse según condiciones de oferta y demanda y a la vez garantiza que la inflación no erosione los ingresos reales de la población.
El factor principal que produjo este desequilibrio en los precios fue la desproporcionada alza del salario mínimo decretada por el presidente Petro, que debió aumentar su favorabilidad, pero precipitó a la economía en una senda de aceleración de la inflación. Un ajuste responsable del salario hubiera sido dos ó tres puntos porcentuales por encima de la inflación pasada, lo que hubiera aumentado el bienestar de los asalariados sin desquiciar la economía. Sin embargo, la exuberancia del presidente fue decretar un aumento del mínimo 18 puntos por encima del aumento de precios de 2025, sembrando vientos tormentosos que tomarían meses en disiparse. La inflación esperada erosionará un tercio del poder adquisitivo que le regaló Petro a la población y, si las elecciones las gana la oposición, la política salarial será menos favorable que la implementada en forma irresponsable por el presidente.
La Junta Directiva del Banco de la República actuó de manera contundente para contrarrestar los peores impactos de la medida salarial con dos ajustes de 1 % cada uno en la tasa de interés de referencia, cuando sus decisiones en tiempos de normalidad se hacían con cambios de 0,25 %. La tasa de interés con la que el Emisor le presta dinero al sector financiero subió al 11,25 % que, descontando la inflación, arroja una pesada tasa real de 6 %, la más alta en los últimos 25 años, cuando la economía normalizó la inflación a niveles internacionales.
En abril de 2026, la calificadora Standard & Poor Global Ratings “rebajó la calificación de la deuda de Colombia, situando la deuda en moneda extranjera en ‘BB-’ y la local en ‘BB’, ambas con perspectiva estable. Esta decisión refleja preocupaciones sobre el deterioro fiscal, altos déficits y la inflación persistente, lo que limita la flexibilidad financiera del país en un entorno de crecimiento moderado”.
Ya la economía colombiana había sido degradada a BB el año anterior, y ahora con BB-, se le adjudicaba un mayor riesgo crediticio –la posibilidad de incumplir sus obligaciones a tiempo o del todo– debido a la suspensión de la regla fiscal que le imponía un límite a su endeudamiento, combinado todo con una caída del recaudo tributario. Esa calificación corresponde a que la deuda colombiana se considere especulativa, lo que eleva la tasa de interés al 14 % anual que se le cobra al gobierno y al sector privado por sus préstamos, siendo la peor coyuntura para la deuda del país desde 1993. Se señalaba también que la perspectiva era estable, pues existía el plan de reducir gradualmente el déficit fiscal que en marzo de 2026 alcanzaba 6 % del producto interno bruto, lo que prende las alarmas entre los prestamistas.
Se proyectaba que la inflación terminaría el año en 5,5 %, impulsada por alimentos y servicios, lejos de la meta del Emisor, lo que apuntalaría una política monetaria restrictiva, ante la desesperación y pataleo del presidente y su ministro de Hacienda. Para terminar, se corregía hacia abajo la proyección del crecimiento económico de 2,9 a 2,2 % en 2026.
