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El gobierno de Gustavo Petro está imponiendo pesados tributos a las empresas extranjeras que extraen y comercializan el petróleo, muchas de las cuales están optando por abandonar sus operaciones en el país. Petro lo está haciendo para financiar sus gastos, que han excedido los ingresos tributarios y rentas en cerca del 7 % del PIB, el mayor déficit que enfrenta el país desde hace un siglo, incluso mayor que el causado durante la pandemia del Covid-19. No obstante, el Gobierno está contratando préstamos externos a tasas exorbitantes para mantener el enorme ritmo de gasto, intereses que tendremos que pagar los contribuyentes hacia futuro.
El Gobierno le impuso una sobretasa al impuesto del 5 % a las ventas de petróleo cuando el precio internacional de la variedad Brent estuviera entre US $67 y 75 por barril, trepándose al 10 % si alcanzaba entre los US $75 y los 82, y aumentando a 15 % si superaba los US $82. Como consecuencia de la perspectiva de mayores impuestos, la producción está entrando en una espiral descendente: en julio de 2025, se alcanzaron a extraer 746.249 barriles de petróleo y casi 800 millones de pies cúbicos de gas diarios, mientras que, durante 2015, se produjo un millón de barriles diarios y mil millones de pies cúbicos de gas, una reducción de 25 % para el primero, y de 20 % para el gas. A pesar del aumento de los impuestos, el mayor ingreso que esperaba el Gobierno no se produjo porque el precio del petróleo se hundió a US $60 por barril en mayo pasado. Al 11 de septiembre, el precio está en US $66,30, escapando por el momento al límite arbitrario con que Petro aspira a contener la pecaminosa codicia de las empresas.
Los últimos eventos sugieren que se darán mayores reducciones en la producción de petróleo en Colombia, resultado de la caída de la inversión extranjera en exploración. De hecho, Argentina, con sus hallazgos en los pozos de Vaca muerta, sobrepasó a Colombia para convertirse en el cuarto mayor productor en América Latina,
El Banco de la República reportó que el ingreso fiscal se había reducido en 26 % en junio de 2025, comparado con el mes anterior, lo que impacta negativamente el presupuesto del Gobierno. El déficit ya alcanza el 7,5 % del PIB. A pesar del deterioro de las finanzas públicas, el Gobierno se resiste a hacer un ajuste de su gasto: por el contrario, Petro está multiplicando la contratación de activistas para potenciar la votación del Pacto Histórico en las próximas elecciones, mientras se le complica la situación de orden público en el sur del país, resultado del auge de la coca que obliga a un mayor gasto en seguridad.
La Corte Constitucional tumbó a fines de 2023 los intentos del presidente de desconocer los pagos por regalías como deducciones del ingreso de las petroleras, agravando su situación de caja. Es evidente que Petro considera a la industria petrolífera como una vaca lechera, una fuente de fondos a los que puede acceder ante cualquier necesidad que enfrente, sin importarle la viabilidad de la industria. Mientras se mantenga la posibilidad de que el Pacto Histórico continúe gobernando hacia el futuro, Colombia será considerada como un destino hostil para los inversionistas en la explotación de fuentes de energía, no solo de petróleo sino también de carbón, especialmente en momentos de gran incertidumbre, caos y riesgos en nuestro conflictivo país.
*Basado libremente en un artículo de Matthew Smith, publicado en “Oil Price”. Agradezco a Álvaro Velásquez Cock por compartirlo.
