Las consecuencias de la prodigalidad del Gobierno frente a la tributación de las empresas en la llamada Ley de Financiamiento comienzan a emerger. Según Sergio Clavijo, en un análisis cuidadoso de la trayectoria de la deuda pública, después de la reducción en los ingresos sanos del Gobierno pasa de representar más de la mitad del PIB colombiano, unos $550 billones, al 55,3 %, o sea, se eleva en otros $50 billones en 2025 (La República, 12 de febrero).
A punta de nuevas marrulladas, Carrasquilla sostiene que la deuda pública se va incluso a reducir al 44 % del PIB en 2025 después de su reforma, con base en la lógica de que se puede comer la torta, pero también guardarla. Quizás el ministro piensa continuar con los recortes draconianos del gasto público, como el de $9 billones que anunció en diciembre, algo que no sabemos si es cierto o sacado de su cubilete. Clavijo conoce bien la inflexibilidad que caracteriza el presupuesto nacional y por lo tanto duda de la viabilidad de hacerle fuertes recortes al gasto del Gobierno central. De hecho, el presupuesto crece en su componente de gastos de funcionamiento y transferencias 4 %, y, según Clavijo, “con mayores cargas burocráticas en ministerios y organismos de control”, mermelada de la verdadera.
Otra marrullada del ministro de Hacienda fue contabilizar las utilidades del Banco de la República y de Ecopetrol, que sumaron 2 % del PIB, como ingresos recurrentes, que obviamente no lo son. Así, pudo obtener un supuesto superávit que existe en su imaginación, pero que ni los economistas serios, ni los mercados financieros ni el FMI se lo creen.
El Gobierno defiende la reforma porque está convencido de que desataría los espíritus animales de los empresarios, que aumentarían sus inversiones ante una futura carga tributaria disminuida, llevando a un mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, analizando los datos de importaciones de bienes de capital a los que se les quitó el IVA, da magros resultados: la importación de bienes de capital de la industria obtuvo un crecimiento de 2 % en 2019 frente a 2018, mientras la agricultura redujo un 14 % sus importaciones de maquinaria.
Lo que se está hipotecando no es solo el futuro de las nuevas generaciones, que deberán contribuir a pagar la creciente deuda pública, sino el propio presente de la inversión estatal. En efecto, el componente fijo de la inversión del Gobierno no pasa de 1,2 % del PIB, y eso significa que no va a construir la infraestructura que requiere el desarrollo del país, bajo la perniciosa insistencia de reducir el tamaño del Estado y debilitar su capacidad de actuar sobre la economía.
Desde la crisis financiera del año 2008, los bancos centrales del mundo desarrollado han mantenido tasas de interés reales cercanas a cero. Eso ha facilitado que Trump redujera impuestos a las corporaciones y a los ricos de Estados Unidos, sustituyéndolos con deuda barata y reduciendo en forma draconiana el gasto social. En las economías ya no tan emergentes, como la colombiana, también las tasas de interés se han reducido sustancialmente, pero el promedio de 2019 de los TES a diez años fue de 6,45 % anual, que no es barato.
Cualquier desajuste del mercado financiero global puede hacer que se dispare el riesgo percibido en nuestras economías y se eleven tanto las tasas de interés como la tasa de cambio, haciendo oneroso o imposible el refinanciamiento de la deuda pública que está adquiriendo a raudales el gobierno Duque.
Las consecuencias de la prodigalidad del Gobierno frente a la tributación de las empresas en la llamada Ley de Financiamiento comienzan a emerger. Según Sergio Clavijo, en un análisis cuidadoso de la trayectoria de la deuda pública, después de la reducción en los ingresos sanos del Gobierno pasa de representar más de la mitad del PIB colombiano, unos $550 billones, al 55,3 %, o sea, se eleva en otros $50 billones en 2025 (La República, 12 de febrero).
A punta de nuevas marrulladas, Carrasquilla sostiene que la deuda pública se va incluso a reducir al 44 % del PIB en 2025 después de su reforma, con base en la lógica de que se puede comer la torta, pero también guardarla. Quizás el ministro piensa continuar con los recortes draconianos del gasto público, como el de $9 billones que anunció en diciembre, algo que no sabemos si es cierto o sacado de su cubilete. Clavijo conoce bien la inflexibilidad que caracteriza el presupuesto nacional y por lo tanto duda de la viabilidad de hacerle fuertes recortes al gasto del Gobierno central. De hecho, el presupuesto crece en su componente de gastos de funcionamiento y transferencias 4 %, y, según Clavijo, “con mayores cargas burocráticas en ministerios y organismos de control”, mermelada de la verdadera.
Otra marrullada del ministro de Hacienda fue contabilizar las utilidades del Banco de la República y de Ecopetrol, que sumaron 2 % del PIB, como ingresos recurrentes, que obviamente no lo son. Así, pudo obtener un supuesto superávit que existe en su imaginación, pero que ni los economistas serios, ni los mercados financieros ni el FMI se lo creen.
El Gobierno defiende la reforma porque está convencido de que desataría los espíritus animales de los empresarios, que aumentarían sus inversiones ante una futura carga tributaria disminuida, llevando a un mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, analizando los datos de importaciones de bienes de capital a los que se les quitó el IVA, da magros resultados: la importación de bienes de capital de la industria obtuvo un crecimiento de 2 % en 2019 frente a 2018, mientras la agricultura redujo un 14 % sus importaciones de maquinaria.
Lo que se está hipotecando no es solo el futuro de las nuevas generaciones, que deberán contribuir a pagar la creciente deuda pública, sino el propio presente de la inversión estatal. En efecto, el componente fijo de la inversión del Gobierno no pasa de 1,2 % del PIB, y eso significa que no va a construir la infraestructura que requiere el desarrollo del país, bajo la perniciosa insistencia de reducir el tamaño del Estado y debilitar su capacidad de actuar sobre la economía.
Desde la crisis financiera del año 2008, los bancos centrales del mundo desarrollado han mantenido tasas de interés reales cercanas a cero. Eso ha facilitado que Trump redujera impuestos a las corporaciones y a los ricos de Estados Unidos, sustituyéndolos con deuda barata y reduciendo en forma draconiana el gasto social. En las economías ya no tan emergentes, como la colombiana, también las tasas de interés se han reducido sustancialmente, pero el promedio de 2019 de los TES a diez años fue de 6,45 % anual, que no es barato.
Cualquier desajuste del mercado financiero global puede hacer que se dispare el riesgo percibido en nuestras economías y se eleven tanto las tasas de interés como la tasa de cambio, haciendo oneroso o imposible el refinanciamiento de la deuda pública que está adquiriendo a raudales el gobierno Duque.