El dólar hace un año estaba a $3.800. Hoy vale $4.906 (aumento de 29 %).¿Qué significa para el bolsillo de los colombianos? Aumenta el precio del pan y de la arepa de maíz, ya que importamos más del 80 % del maíz que consumimos. Además, una quinta parte de la canasta básica de las familias es importada. La inflación de alimentos supera el 26 %. Todos los electrodomésticos tienen un alto componente importado, la mayor parte de las máquinas de la industria y del parque automotor lo son también, los precios de los combustibles se fijan utilizando como patrón su precio internacional, el acero y buena parte del hierro son de fuera al igual que el cobre, el estaño y otros minerales que son materia prima de la industria.
Todos estos elementos se encarecerán y afectarán más el bolsillo de los colombianos. La inflación nos viene golpeando fuertemente y ya acumulamos 11,4 % anual de aumento de los precios, lo que significa que a fin de año vamos a cerrar con cifras que no se veían en los últimos 17 años. Eso va a hacer que los sindicatos presionen por un ajuste del salario mínimo para 2023 superior a esa proyección.
El panorama se ensombrece más con la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso. Actualmente, las personas aportan solo el 18 % del recaudo total (contra 50 % en los países de la OCDE, club al que pertenecemos). Las empresas están sobrecargadas pues aportan el 24 % del recaudo (contra el 10 % en la OCDE). El IVA es excesivo pues nos aporta el 30 % del recaudo contra el 20 % de la OCDE. El ideal sería entonces aumentar la tributación de las personas, reducir la tributación de las empresas o por lo menos dejarlas igual y si existe espacio fiscal disminuir el IVA, pero ninguno de estos ideales va a cumplirse.
El problema es que el Gobierno no se guía por los principios de equidad de la OCDE sino por lo que puede extraer de los sospechosos de siempre. Se estima que aumentará el recaudo en $21,5 billones o casi 2 % del PIB, de los cuales $14,3 billones serán aportados por las empresas y $7,2 billones por las personas, empeorando el desbalance. La industria cuenta con un gran número de exenciones y tratamientos preferenciales que van a ser eliminados en el proyecto de reforma. Eso hiere más el bolsillo de los empresarios que las propias tarifas que son relativamente altas: un 35 % de la renta líquida de las empresas.
La reforma tal como está afecta al sector petrolero y a Ecopetrol en particular, al no permitir deducir las regalías a las regiones (que es también una forma de tributación) y al imponerle una sobretasa a la renta de la empresa estatal. Como lo expresó su presidente, Felipe Bayón, las nuevas cargas tendrán un efecto contraproducente sobre la generación de gas y petróleo, la soberanía energética, y lo referente a inversiones; el impacto será de $7,6 billones en 2023, valor que se incrementará hasta los $12 billones anuales a partir del año 2026.
Falta todavía lo más importante que es la discusión y aprobación de la reforma en el Congreso. El director del Partido Liberal, César Gaviria, expresó que la reforma debe aportar si acaso la mitad de lo que el ministro de Hacienda considera indispensable, algo que apoya Cambio Radical. El país enfrenta un grave desequilibrio fiscal que se estima en 7,3 % del PIB en 2022, el más alto de toda su historia. Sería irresponsable de los partidos políticos que no lo encaren con seriedad.
