La inflación esperada para 2026 por el Banco de la República es de 5,6 %, pero las expectativas del mercado son más elevadas, del 6,4 %, ambas alejadas de la meta del 3 % del Emisor. La política monetaria inmediata adecuada para revertir el alza de precios es aumentar su tasa de interés, algo que desata la ira del presidente. La proyección del crecimiento de la economía se sitúa en el 2,2 % para este año, completando un período presidencial caracterizado por un escaso crecimiento.
En su Informe de Política Monetaria del Emisor se leía lo siguiente: “durante 2025 la inflación total anual (5,1 %) dejó de reducirse y se mantuvo por encima de la meta del 3 %, ubicándose en un nivel similar al del cierre de 2024 (5,2 %). La economía colombiana continuó creciendo impulsada por un consumo vigoroso, en el entorno de un impulso (sic) fiscal creciente”. Mientras el banco central remaba hacia atrás, el gobierno lo hacía al contrario, gastando a raudales, obligándolo a que aumentara su presión contractiva. Un gobierno responsable hubiera limitado su gasto para garantizar menos inflación, una tasa de interés moderada y mayor salario real, en vez de estar causando inflación con su gasto excesivo y sus ajustes desmedidos del salario mínimo que perjudican a la mayoría de la población que sobrevive en la informalidad.
Algunas voces del gobierno, como las de miembros de junta favorables al mismo, abogaban por aumentar la meta de inflación, lo cual introduciría expectativas aún más inflacionistas y complicaría la obtención de la meta de largo plazo fijada por el Emisor. Sería, además, acomodar los intereses del gobierno, que no los del país, agudizando los desequilibrios macroeconómicos que resultaron del ajuste salarial que favorecerá a su candidato presidencial. Fue una decisión aventurera, pues puso en riesgo la estabilidad de la economía nacional. El recaudo de impuestos en Colombia durante 2025 cerró en casi $300 billones, un incremento de 11 %, comparado con el del año anterior, pero aún así el gobierno se endeudó en exceso para poder gastar mucho más. El déficit fiscal ronda el 7 % del PIB, un récord histórico.
El informe del DANE sobre el crecimiento económico decía: “La actividad económica que más contribuye al crecimiento anual del valor agregado del primer trimestre de 2026 es Administración Pública y Defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de Atención de la Salud Humana y de Servicios Sociales, que crece 5,7 %”. La mano del gobierno propiciando un crecimiento insostenible, basado en el endeudamiento a tasas exorbitantes de interés que no en el recaudo tributario ni en las utilidades de las empresas públicas.
Otro efecto colateral del endeudamiento externo es que contribuyó a revaluar más al peso colombiano, algo que ya venía ocurriendo debido al auge de los precios del petróleo. En efecto, el precio del petróleo Brent superó los US $105 por barril, cuando no hace mucho marcaba los US $60, que de por sí es una cotización rentable para el crudo. El peso colombiano fue la moneda más revaluada en el continente, valorizándose 5 % en 2025,
La revaluación beneficia a los importadores y a los consumidores, pero perjudica a los exportadores de bienes distintos a los energéticos, a las que llamábamos exportaciones menores y también a los productores locales que compiten con las importaciones.
Para rematar su mandato, Petro insiste en impulsar una reforma constitucional para establecer nuevos derechos, arrojando un manto de incertidumbre sobre las reglas de juego que encausan la actividad económica y política de la nación. Según La Silla Vacía, “Iván Cepeda mantiene una postura estratégica sobre la Asamblea Nacional Constituyente, impulsando en su lugar un ‘Acuerdo Nacional’ que podría incluir una constituyente, pero no la descarta ni la prioriza”. Se trata de una propuesta ambigua de alto riesgo para las fuerzas políticas ajenas al Pacto Histórico y que será resistida por todos los que terminen siendo perjudicados por ella.
