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LA CONSTITUCIÓN DE 1991 FUE LA primera en la historia de Colombia que contó con la participación de todo el espectro político, incluyendo una buena participación de la izquierda.
Se instauró con ella una combinación de reformas liberales (empoderamiento de la justicia y del Banco Central, división geográfica de poderes con algún debilitamiento del ejecutivo), neoliberales (apertura comercial y financiera, privatizaciones) y la tutela, junto con un aumento del tamaño del Estado que financió un mayor gasto social.Hay quienes consideran que el constitucionalismo, por sí mismo, no puede resolver los problemas sociales y critican a los que piensan con el deseo legal. Muestran, para probarlo, cómo se deterioró la distribución del ingreso en estos últimos 20 años. Los aludidos responden que hace falta compromiso con la Constitución que, de darse, la convertiría en realidad.
Creo, de todas maneras, que la constitución fue un pacto social muy superior al de la Constitución de 1886 y que uno de sus logros ha sido deslegitimar la lucha armada, algo que de por sí tiene efectos económicos favorables.
Los factores que han incidido en el deterioro de la distribución del ingreso tienen en su mayor parte un origen político, aunque también hay factores económicos asociados a la apertura comercial y financiera. Me refiero a que el conflicto interno dio lugar al paramilitarismo y éste declaró a los sindicatos como objetivo militar. Los trabajadores sindicalizados son hoy una fracción, sólo 4% de la fuerza de trabajo, de lo que fueran en los años ochenta. Sin capacidad de organizarse, el deterioro de los salarios reales del sector formal ha sido notable. La extrema derecha, que gobernó al país en la primera década del siglo XXI, introdujo reformas que permitieron la contratación indirecta de los trabajadores y que redujeron drásticamente los pagos por las jornadas nocturnas y las horas extras. La reducción de los salarios deterioró ciertamente la distribución del ingreso.
Aunque la apertura comercial pudo producir algún desempleo, más efecto debió tener la revaluación del peso, debida a los hallazgos de petróleo y a las exportaciones mineras. Las dos combinadas han deteriorado la rentabilidad tanto de la industria como de la agricultura, frenando la contratación de nuevos trabajadores.
La apertura financiera agudizó la crisis de 1998-2002 y esta, a su vez, disparó las tasas de desempleo y de informalidad, presionando los salarios del sector informal a la baja. La tasa de desempleo no retornó al nivel de un dígito (en 1996 fue de 7%) ni la informalidad ha descendido por debajo del 50% de la fuerza de trabajo. Detrás de ésta hay enormes presiones demográficas y migratorias que caracterizan a todas las economías latinoamericanas, así que no era de esperar que un cambio de Constitución las revirtiera. Pero la Constitución sí contribuyó a que se frenara la expansión demográfica, gracias a que se educó más a la población, que recibió además asistencia en materia de planificación familiar.
Algo que se me ocurrió recientemente es que la decisión de la Corte Constitucional de legislar subsidios a favor de los deudores de vivienda en 1999 tuvo el efecto de evitar una espiral calamitosa del sector de la construcción y de toda la economía. De esta manera, los magistrados hicieron política contracíclica sin darse cuenta. En fin, al país le fue bastante bien con la Constitución de 1991.
