La consulta popular y el empleo

El presidente Petro insiste en consultar al pueblo los puntos de su reforma laboral, a pesar de no contar con el aval del Congreso que es un requisito de ley. Es más, el Senado negó hacer la consulta popular en cerrada votación, decisión que el Gobierno desconoce.

Petro descalificó la decisión del Senado aduciendo que hicieron trampa, sin mediar instancia arbitral que aclarara la situación de manera objetiva e independiente. Estamos entonces ante una crisis constitucional si el Gobierno insiste en la aprobación de la reforma por decreto, cuando uno de los poderes fundamentales de la nación que debía avalarla previamente se pronunció en contra.

El mandatario defendió su accionar así: “Hay que restituir el Estado Social de Derecho en Colombia, la orden de 1991, la orden del pueblo, la orden que este país debe ir a la igualdad, a la libertad, al pensamiento, al conocimiento y a la belleza… y por eso voy a decretar la Consulta Popular”. No es precisamente la voz del pueblo lo que se escucha, sino la sordina presidencial.

Entre las propuestas que recoge la reforma están el fortalecimiento de las garantías sindicales, el aumento del recargo nocturno de 35 % en la actualidad al 100 %, la ampliación de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales. De estas medidas, solo la de regular el trabajo digital tiene sentido. De aprobarse las demás, habrá una disminución del empleo formal, un mayor recurso a contratar trabajadores de manera informal, a la vez que se intensificará el trabajo durante la jornada diurna y se procurará reducir la contratación durante las horas que el gobierno defina como jornada nocturna. Actualmente, esta comienza a las 9 p. m. y la reforma la adelanta a partir de las 7 p. m., recargo que incidirá en limitar el empleo más costoso.

Se introduce un aumento en la indemnización por despido sin justa causa, que pasaría de 30 días de salario por el primer año de servicio más 20 días de salario por cada año adicional, a 45 días de salario por el primer año de servicio más 45 días de salario por cada año adicional, lo que implica un encarecimiento equivalente a los salarios de 90 días, frente a la situación actual que reconoce 50 días de recargo, o sea sufre un aumento del 80 %. Se trata de un incentivo al despido precautelativo de muchos trabajadores.

En torno a la reforma pensional que espera el aval de la Corte Constitucional, el centro de pensamiento Fedesarrollo aduce que hay un problema del financiamiento en el corto plazo, con una pérdida del 66 % de los flujos actuales, que son más de $ 20 billones para las Administradoras de Fondos de Pensiones. Lo anterior “tendría un efecto en el mercado de títulos de deuda pública (TES), dado que las Administradoras (…) tienen cerca de un 25 % del stock de títulos de deuda pública. Hay el riesgo también de que el Gobierno, ya con la olla raspada, utilice estos fondos para hacer gasto corriente y carcoma el ahorro pensional”.

Hacer la consulta a la población trabajadora estará sesgada por su interés y no por la conveniencia para el desarrollo económico del país o para aumentar el empleo formal. El impacto sobre los empresarios será considerable y estos no podrán acudir a instancia alguna que les permita negociar sus condiciones.

Con la reforma, el Gobierno intenta modificar un mercado laboral con altas tasas de desempleo (9,1 % de la fuerza de trabajo en 2024) y tasas de informalidad tremendas de 58 % de la población activa. Lo más probable es que estas medidas tendrán consecuencias indeseadas, contra las buenas intenciones del gobierno; según Fedesarrollo, se dará “un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”. En fin, la inversión se verá afectada negativamente, excepto la destinada a ahorrar trabajo.

No es la primera vez que funcionarios idealistas introducen medidas que aspiran mejorar las condiciones de los trabajadores. Frecuentemente, tales políticas terminan por empeorar la cantidad y calidad del empleo, y deterioran las remuneraciones de los pocos afortunados (4 de cada 10) que logran conseguir trabajo formal.