El primer estudio serio sobre el negocio de las drogas ilegales en Colombia lo publicó Fedesarrollo en 1978 y fue elaborado por Roberto Junguito y Carlos Caballero. Para ellos, la bonanza marimbera se inició en la década de 1970, y fue relativamente pequeña y fugaz comparada con la avalancha de cocaína que se desató después. La guerra contra las drogas declarada en 1971 había contribuido a elevar los precios de las drogas en las calles de Estados Unidos y a mejorar la rentabilidad del negocio. Los ingresos de los traficantes colombianos en 1977 fueron calculados en US$500 millones, quienes se apropiaron de menos del 3 % de las utilidades; el resto engrosó las arcas de los intermediarios norteamericanos. El monto que quedó en el país parece modesto, pero fue casi un 40 % del valor de las exportaciones.
El segundo estudio fue elaborado por Hernando José Gómez en 1988, cuando la marihuana había desaparecido de la costa caribeña, desplazada por el glifosato, la caída de la demanda gringa y la producción mexicana. Mientras que en ese año los ingresos por marihuana se calcularon en US$35 millones, los del tráfico de cocaína alcanzaron US$1.200 millones.
La participación del narcotráfico en el PIB llegó al 6 % en 1982, cuando los precios del alcaloide estaban en su máximo, pero la sobreoferta los derrumbó; de tal manera que a partir de 1985 osciló alrededor del 2,5 % del PIB, cifra aún elevada y superior a la participación del café en la economía nacional. Una de las consecuencias más dañinas de las exportaciones de droga fue propagar la enfermedad holandesa, por la reducción de la tasa de cambio negra y el financiamiento de volúmenes sustanciales de contrabando, que arruinaron muchas industrias del país.
Miguel Urrutia incursionó en el tema con un análisis de costo-beneficio del narcotráfico en 1990, concluyendo que era un lastre para el desarrollo económico, la moral pública y la paz: desató oleadas terroristas y magnicidios de políticos, magistrados y policías, especialmente en 1989, y, no menos grave, una corrupción rampante.
Roberto Steiner calculó en 1997 que el ingreso de los narcos rondaba los US$2.500 millones, un 3 % del PIB y una cuarta parte del valor de las exportaciones. Buena parte de ese torrente de divisas se lavaba a través del contrabando de bienes desde Colón, en Panamá, que estimó en US$1.000 millones, y de cigarrillos, US$450 millones, además de las remesas desde Estados Unidos por medio del “pitufeo” o envíos pequeños. El Banco de la República adquiría dólares del público, a través de lo que se vino a tildar “ventanilla siniestra”, que clausuró en 2004.
En 2011 Alejandro Gaviria y Daniel Mejía calcularon el ingreso de los cultivadores, ahora protegidos por las Farc, en US$1.300 millones anuales, mientras que los traficantes acumulaban US$4.500 millones, y recomendaron, por tanto, que se enfatizara la interdicción aérea y naval, y menos la aspersión de glifosato en los cultivos. Pero era más fácil fumigar que destinar recursos a derribar avionetas y capturar lanchas rápidas, de modo que no se afectó mucho el negocio, pero sí la salud y el pancoger de los campesinos.
Una debilidad de los estudios reseñados fue el escaso énfasis en la economía política del narcotráfico, que financió tanto a los paramilitares como a la insurgencia, y exacerbó el conflicto interno.
* Basado en “Fedesarrollo y la economía del narcotráfico” (2020), de Carlos Caballero.
El primer estudio serio sobre el negocio de las drogas ilegales en Colombia lo publicó Fedesarrollo en 1978 y fue elaborado por Roberto Junguito y Carlos Caballero. Para ellos, la bonanza marimbera se inició en la década de 1970, y fue relativamente pequeña y fugaz comparada con la avalancha de cocaína que se desató después. La guerra contra las drogas declarada en 1971 había contribuido a elevar los precios de las drogas en las calles de Estados Unidos y a mejorar la rentabilidad del negocio. Los ingresos de los traficantes colombianos en 1977 fueron calculados en US$500 millones, quienes se apropiaron de menos del 3 % de las utilidades; el resto engrosó las arcas de los intermediarios norteamericanos. El monto que quedó en el país parece modesto, pero fue casi un 40 % del valor de las exportaciones.
El segundo estudio fue elaborado por Hernando José Gómez en 1988, cuando la marihuana había desaparecido de la costa caribeña, desplazada por el glifosato, la caída de la demanda gringa y la producción mexicana. Mientras que en ese año los ingresos por marihuana se calcularon en US$35 millones, los del tráfico de cocaína alcanzaron US$1.200 millones.
La participación del narcotráfico en el PIB llegó al 6 % en 1982, cuando los precios del alcaloide estaban en su máximo, pero la sobreoferta los derrumbó; de tal manera que a partir de 1985 osciló alrededor del 2,5 % del PIB, cifra aún elevada y superior a la participación del café en la economía nacional. Una de las consecuencias más dañinas de las exportaciones de droga fue propagar la enfermedad holandesa, por la reducción de la tasa de cambio negra y el financiamiento de volúmenes sustanciales de contrabando, que arruinaron muchas industrias del país.
Miguel Urrutia incursionó en el tema con un análisis de costo-beneficio del narcotráfico en 1990, concluyendo que era un lastre para el desarrollo económico, la moral pública y la paz: desató oleadas terroristas y magnicidios de políticos, magistrados y policías, especialmente en 1989, y, no menos grave, una corrupción rampante.
Roberto Steiner calculó en 1997 que el ingreso de los narcos rondaba los US$2.500 millones, un 3 % del PIB y una cuarta parte del valor de las exportaciones. Buena parte de ese torrente de divisas se lavaba a través del contrabando de bienes desde Colón, en Panamá, que estimó en US$1.000 millones, y de cigarrillos, US$450 millones, además de las remesas desde Estados Unidos por medio del “pitufeo” o envíos pequeños. El Banco de la República adquiría dólares del público, a través de lo que se vino a tildar “ventanilla siniestra”, que clausuró en 2004.
En 2011 Alejandro Gaviria y Daniel Mejía calcularon el ingreso de los cultivadores, ahora protegidos por las Farc, en US$1.300 millones anuales, mientras que los traficantes acumulaban US$4.500 millones, y recomendaron, por tanto, que se enfatizara la interdicción aérea y naval, y menos la aspersión de glifosato en los cultivos. Pero era más fácil fumigar que destinar recursos a derribar avionetas y capturar lanchas rápidas, de modo que no se afectó mucho el negocio, pero sí la salud y el pancoger de los campesinos.
Una debilidad de los estudios reseñados fue el escaso énfasis en la economía política del narcotráfico, que financió tanto a los paramilitares como a la insurgencia, y exacerbó el conflicto interno.
* Basado en “Fedesarrollo y la economía del narcotráfico” (2020), de Carlos Caballero.