Las emergencias económicas no son para implementar reformas hundidas por el parlamento y menos si invaden el bolsillo de los ciudadanos. La esencia de la democracia occidental reside en la tributación con representación. La revolución inglesa, al igual que la independencia norteamericana, se forjaron para combatir la tributación impuesta por el rey. Por el contrario, esta debía ser negociada con los representantes de sus burguesías en el parlamento.
La administración Petro abusa del poder para expropiar recursos de los ciudadanos, aprovechando que las cortes de justicia están en receso. Cuando se terminen de implementar las medidas arbitrarias del Ejecutivo, estas se habrán hecho ilegalmente contra el pecunio de la ciudadanía y… ¡mamola que va a devolver los dineros así apropiados!
La justificación de la declaratoria de emergencia se basa en que “hay una incapacidad estatal para garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía y prestar servicios básicos, debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la Nación”. Sin embargo, el desequilibrio fiscal fue causado por el ansia de gasto del gobierno, que superó con creces sus ingresos. Para subsanarlo parcialmente se recurrió a un intermediario financiero internacional llamado PIMCO (Pacific Investment Management Company), que es una firma de inversión con sede en California: se hizo una operación opaca de la que se desconocen detalles.
Según versiones conocidas, la tasa pactada con Pimco habría sido del 13,5 %. La nación solía financiarse a tasas de 6 a 7 % anual en el mercado financiero, pero esos eran tiempos en que contábamos con “grado de inversión”, que se perdió. La operación con Pimco es por un monto gigantesco de $23 billones. La Contraloría alertó así de la operación: “se están registrando emisiones por parte del Ministerio de Hacienda por más de 20 billones de pesos a tasas 40 puntos básicos por fuera del mercado, sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas de la Nación”.
El ministro de Hacienda defendió la transacción: “No es una operación clandestina. Era la mejor opción porque estaba unos puntos por debajo de las cotizaciones previas; sí hubo cotizaciones previas”. Por lo general, el Gobierno organiza subastas públicas y accede a la financiación más favorable para la Nación, algo que no cumplió en esta ocasión. Con esta adición, la deuda de la Nación alcanzó un récord histórico de 61,3 % del PIB.
Frente a la salud, la senadora Angélica Lozano lamentó que se esté asfixiando el sistema. ”Primero lo languidece y luego dice: es un hecho sobreviniente. Lo provocó, y no es una opinión, por algo ha habido autos y órdenes”. Ese fue el cínico shu, shu, shu con que Petro amenazó con liquidar varias instituciones. Con el mismo trencito arrolló a Colfuturo, dejando sin recursos un programa que permitió la formación doctoral en el exterior a miles de jóvenes que el progresismo dejó sin futuro.
Entre los argumentos con que se justificó la emergencia económica estuvieron el dar cumplimiento al auto de la Corte Constitucional que ordenó el reajuste de la UPC para el año 2024, el cual sigue sin cumplir el ministro de Salud. Otro punto fue el de que se “busca proteger a los líderes sociales, defensores de derechos y candidatos a las elecciones de 2026”. Por último, argumentó que hay “obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos y combustibles) y contractual (vigencias futuras)”. Lo que trasluce en realidad es improvisación, sobreendeudamiento e irresponsabilidad.
