La administración de Abelardo de la Espriella ha decretado una emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, durante 30 días a raíz del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
Una de las primeras medidas tomadas fue solicitar un préstamo al Banco Mundial por un monto de US$400 millones, equivalentes a $1,23 billones, el cual tiene un efecto agravante sobre la tasa de cambio que se ha revaluado en exceso. El 21 de agosto el dólar se cotizaba en $3,061 y posiblemente rompa la barrera de los 3,000 en los días venideros. El primero de agosto la cotización era de $3,144.
La presión sobre la tasa de cambio llega vía las expectativas creadas por la nueva administración, mucho más amigable a la inversión extranjera y que cuenta con el beneplácito del gobierno de Donald Trump. Colombia se une a la ola de extrema derecha que campea desde el cono sur hasta Centro América, excepto México.
Fuera de eso, se espera que en Colombia se generen ingresos adicionales que recibirá el país por las exportaciones de petróleo, cuya cotización ha aumentado por las amenazas de guerra que ejerce Donald Trump contra Irán. El gobierno de Teherán podría cerrar el estrecho de Ormuz y hundir unos cuantos buques petroleros adicionales a los que ya ha destruido.
Los perjudicados de la revaluación serán los exportadores y las personas que reciben remesas de sus familiares que trabajan fuera del país pues recibirán menos pesos que antes. Se beneficiarán los importadores a costa del malestar de los productores nacionales que tendrán que competir con importaciones más baratas.
Las cifras presentadas por el gobierno comparando el sismo de 1999 con el del 10 de agosto pasado reflejan el mayor impacto que causó el último. Para destacar solo algunas: en 1999 se afectaron 17 municipios contra 471 en el presente, se deterioraron 126 centros de salud contra 352, y 143 contra 3,470 centros educativos. El cálculo de que las pérdidas actuales rondan los $30 billones es muy especulativo pues falta hacer un inventario cuidadoso de los daños causados por el terremoto. Los fallecidos fueron 1,185 en 1999 contra 314 en 2026, pero este último es un dato preliminar, ya que falta completar la titánica tarea de remover los escombros y hacer el censo de los afectados: muertos, heridos y desplazados. Se obtendría así una cifra que refleje la horrible realidad que se precipitó sobre casi la mitad de los municipios del país el pasado 10 de agosto.
Como dice el informe del gobierno, “la destrucción e inhabilitación de viviendas, establecimientos de comercio, edificaciones públicas, vías, puentes, redes de servicios públicos, centros de salud, instituciones educativas y demás infraestructura indispensable para la vida en sociedad ha generado la interrupción o restricción de actividades económicas, sociales e institucionales con especial impacto sobre hogares en condición de vulnerabilidad, población infantil, personas mayores en situación de discapacidad, comunidades rurales y habitantes que dependen de actividades informales”.
Aunque se han recibido importantes ayudas y donaciones de empresas y fundaciones, es necesario y justo acudir a una sobre tasa de los impuestos a las personas más ricas del país. Se habla de eliminar el impuesto al patrimonio, pero no es el mejor momento para dejar de recaudar $1,5 billones anuales. Los tributos para encarar la emergencia no se pueden imponer por decreto: sólo el Congreso tiene la facultad de aprobarlos.
