La financiación para las víctimas

Los recursos con que cuenta el Gobierno para reparar a las víctimas del conflicto son de $3,5 billones, pero según el presidente Petro se requieren $300 billones. El período contemplado para ese monto lo extendió entre 10 y 15 años, donde ya se aprecia falta de rigor, porque en un caso serían $30 billones anuales y en el otro $20 billones. Para tener una idea de las proporciones, el Presupuesto General de la Nación de 2022 fue de $407 billones y con la reforma tributaria aprobada hace unos meses se espera recaudar $21 billones adicionales en 2023.

El presidente dijo sobre la ayuda propuesta: “Le estamos diciendo a la sociedad que las víctimas se van a morir primero antes de recibirla”. Como la plata no va a salir de los victimarios, propuso que fuera el Banco de la República el que pagara la cuenta: “La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”.

Por tan mala idea, según el mismo Petro, lo “excomulgaría no la Iglesia, (sino) el Banco que es peor que la Iglesia. Hay un camino no ortodoxo para hacerlo”. Los bonos son deuda en manos del público que parece no entender su propuesta y los técnicos del Emisor no son doctores en teología.

Petro parece ignorar que el banco central no emite a favor de los bancos ni los favorece en especial, como parece insinuar; sí lo hace para satisfacer las necesidades de circulante de la sociedad. El Emisor les presta dinero a los bancos a muy corto plazo y a la tasa de interés interbancaria, aunque estos se surten fundamentalmente de los depósitos del público y de sus balances. La liquidez provista a corto plazo complementa los faltantes o sobrantes del sistema.

El Banco de la República tampoco emite bonos, a menos que quiera recoger excesos de liquidez. El que sí los emite regularmente es el (su) Gobierno; se llaman títulos de tesorería o TES, que hoy están ofreciendo una tasa de interés bastante alta, del 11,5 % anual para el llamado “Bono Colombia” a 10 años.

El Banco de la República tiene la responsabilidad de mantener una liquidez adecuada y no de abusarla al emitir en grandes cantidades a favor del Gobierno. En caso contrario, estaría propiciando la inflación al financiar un gasto público excesivo con la consecuencia de causar un daño irreparable a la reputación del Emisor, del Gobierno y del país. Propiciaría también la fuga de capital de agentes nacionales y extranjeros.

Ahora que el presidente Petro hará una visita oficial a Venezuela, sería bueno que le consultara a Nicolás Maduro cómo hizo para destruir la moneda nacional, el bolívar. Esta fue lanzada a la caneca de la basura por emitir a la lata, causando una inflación anual que va en 538 % en febrero de 2023, aun tras dolarizar la economía, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Aunque Petro aseguró que la emisión a favor de las víctimas saldría de un “acuerdo nacional”, lo cierto es que prendió las alarmas de los inversionistas nacionales y extranjeros. Le convendría disipar las dudas sobre los riesgos de provocar más inflación, si es que insiste ante la Junta Directiva del Emisor que tome tan temeraria decisión.

Nota aclaratoria. En la columna del 3 de abril afirmé que el Emisor recibe información privilegiada del DANE sobre la inflación, lo cual no es cierto según comunicación de su gerente, Leonardo Villar.