En las postrimerías de su período, Petro se propone raspar la olla, gastando lo que no tiene y endeudando el país a tasas de interés exageradas. Para lograr estos objetivos se anunció que se incumpliría la regla fiscal, que solía ser un compromiso de Estado que garantizaba finanzas públicas responsables. En efecto, la regla se imponía un déficit fiscal no mayor de 4 % del PIB y para este año el déficit será, según el propio ministro de Hacienda, del 7,1 % del PIB, un descache de más del 70 %.
¿Cómo hace para financiarlo? Ante la pérdida de reputación del país en los mercados internacionales de capital, la tasa de interés anual que debe pagarse es de 14 % anual, cuando el año pasado se lograban tasas de 7 %. Ante los problemas que tiene el Gobierno para financiarse con impuestos, decidió suspender la regla fiscal para los próximos tres años, utilizando la cláusula de escape, señalando que ahora el déficit pasaría de -5,1 % a -7,1 % del PIB. “La cláusula se puede activar en efectos (sic) extraordinarios o que comprometen la estabilidad macroeconómica del país. Creemos que no tomar esta decisión comprometería la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico que tiene proyectado el desarrollo del país”, dijo el ministro.
El Ministerio justificó su propuesta en la alta inflexibilidad del gasto y la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo: “En concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones”, que obviamente son responsabilidad del propio Gobierno y no resultan de circunstancias externas al mismo.
El faltante fiscal es de $130 billones, parecido al alcanzado el año 2020 que fue el de la pandemia del COVID-19. El Gobierno pretende recaudar ingresos tributarios para este año en el rango de $300 billones, que es un ajuste de $19,5 billones sobre el nivel anterior. Sin embargo, lo que verdaderamente tiene en mente el Ejecutivo es contar un mayor espacio para endeudamiento que, como porcentaje del PIB, se estaría situando para 2026 en cerca de 64 % del PIB, cuando pasar del 55 % del PIB es señal de riesgo para el cumplimiento de los compromisos con los acreedores del país, buena parte de los cuales son colombianos. De allí que, al echar mano a un mayor endeudamiento pagando además intereses más altos, el déficit podría alcanzar al menos el 8 % del PIB, que sería uno de los más altos en la historia del país descontando el de la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX.
El país tiene la fortuna de contar con el petróleo como fuente principal de divisas, a pesar de que al presidente Petro le parece una maldición. El precio alcanzó nuevos picos debido al conflicto del Medio Oriente, que ha afectado sobre todo a Irán, que es un importante proveedor global del combustible, gracias a lo cual la tasa de cambio del país se mantuvo estable en 4,085 pesos por dólar el 20 de junio.
No obstante los grandes problemas de caja que tiene la administración, se dice que ha contratado por prestación de servicios a 400.000 nuevos funcionarios este año, que probablemente serán los activistas que ayuden a que el Pacto Histórico y sus aliados avancen en los comicios de 2026.
Según la revista Cambio, “el presupuesto de este año, el más alto de la historia, fue el primero desde la Constitución de 1991 en ser emitido por decreto y sin el aval del Congreso. Se decretó un presupuesto por 523 billones, de los cuales solo 511 estaban financiado”. Es muy grave que el presupuesto, el proceso económico esencial de la democracia, no haya sido consensuado con los representantes del pueblo sino decidido y anunciado por otro decretazo del Gobierno.
