“UN GOBIERNO BASADO EN EL principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre los hijos, es decir, un gobierno paternalista, en el que los súbditos, como hijos menores de edad que no pueden distinguir lo que les es útil o dañoso, son constreñidos a comportarse tan sólo pasivamente, para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que ellos deben ser felices, y a esperar que por su bondad él lo quiera, es el peor despotismo que pueda imaginarse”, Immanuel Kant.
El Estado liberal surgió para limitar el poder central, fortalecer el gobierno del parlamento y establecer la independencia de la justicia. El federalismo fue más allá al dividir el poder geográficamente. El ejecutivo quedaba obligado a obedecer la ley e imposibilitado para cambiarla. La democracia era en ese entonces limitada: excluía el sufragio universal y el voto femenino pero garantizaba la existencia de fuertes diques contra la concentración y el abuso de poder.
La fase siguiente fue la construcción de la libertad de los modernos, como lo cuenta Joan Prats en un reciente ensayo, donde la soberanía popular se convirtió en la base del Estado, el voto se tornó universal y los derechos fundamentales e iguales para todos eran tutelados por la Justicia. Se abrió así el camino a la ampliación de la democracia pero también se le despejó para que regímenes populistas y autoritarios se perpetuaran. El republicanismo cívico encontró un equilibrio entre las necesidades del individuo y los derechos del colectivo, al promulgar el resguardo de la esfera privada frente a las incursiones del Estado o de otros individuos.
El principio fundamental del republicanismo cívico sería así: “La garantía institucional de la no inmisión ilegítima, ni del Estado ni de nadie, en nuestro ámbito de propiedad y de libertad privadas, en nuestra privacidad, que es donde halla sentido pleno la vida” (Pettit).
La democracia colombiana no pudo implementar la limitación del poder. Un legado absolutista y religioso profundo le ha prestado demasiada fuerza al Ejecutivo, permitiendo que se inmiscuya en la vida privada de los individuos. El Estado liberal nunca se consolidó. Esto se ha tornado protuberante durante la era Uribe: la reciente reforma constitucional sobre la prohibición al consumo de drogas le devuelve al Estado la potestad de inmiscuirse en el ámbito privado del individuo para obligarlo a que siga dogmas morales, prestados de la religión dominante. Queda abolido, al mismo tiempo, el principio defendido por la Corte Constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad (ver columna de Yesid Reyes del 7 de enero).
Otro elemento premoderno que se ha acentuado durante los últimos ocho años es la devolución de privilegios a estamentos u órdenes particulares, en especial a la Iglesia como tal y a sus activistas para que actúen frontalmente desde el propio gobierno en la defensa de sus principios, imponiendo incluso sus credos en el sistema de educación pública. En el mismo sentido, se puede entender la concesión de subsidios a tradicionales propietarios de tierra que hiciera el Ministerio de Agricultura, lo que atenta contra el principio de igualdad.
Se han desmantelado entonces piezas fundamentales del andamiaje democrático y destruido el sistema de frenos y contrapesos de un Estado que alcanzó a ser liberal y social de derecho pero que ya no lo es. Corresponde reconstruirlo.
