LA ECONOMÍA PARECE BLINDADA frente a la parapolítica. Persiste la euforia entre los empresarios nacionales y los inversionistas extranjeros, que se sienten en una feria donde se les ofrecen prebendas, subsidios, exenciones, estatus de zona franca a cualquier negocio y un largo etcétera de beneficios. El país adquiere cada vez más el carácter de una economía minera, donde se multiplican las inversiones en nuevos yacimientos de carbón, oro, y se explora febrilmente por petróleo.
La primera consecuencia es que va a ser difícil proseguir con el desarrollo industrial exportador que se ha vislumbrado en varias coyunturas del pasado y que se apoyaba en el TLC para concretar una plataforma con entrada libre a perpetuidad en el mercado norteamericano. La razón es que mientras más alta sea la renta por recursos naturales no renovables que entra al país, más se fortalecerá el peso y así mismo menores serán los excedentes generados en la producción de bienes transables. Significa que no sólo se afectarán las exportaciones manufacturadas, sino también todas las industrias que compiten contra las importaciones.
Entre tanto las exportaciones de cocaína continúan aumentando, según un informe reciente de la agencia que combate las drogas en Estados Unidos. Si lo que afirman los voceros del Gobierno es cierto, de que las Farc están francamente disminuidas y eso afecta también su capacidad de producir e intermediar la droga, se puede deducir entonces que son las organizaciones criminales y los grupos paramilitares que permanecen activos los que han logrado reorganizar el negocio. La presión revaluacionista aumenta en consecuencia para desanimar las actividades productivas de la economía colombiana.
El poder económico y militar sobre amplias regiones ha dado lugar a una estructura política que obedece directa o indirectamente a los señores de la guerra. Cualquier político que quiera representar esas regiones ha tenido y tendrá que reconocer el poder real que las organiza.
El Congreso colombiano nos tiene acostumbrados a los más variados delitos electorales: compra de votos, clientelas provistas de puestos en la burocracia, promesas incumplidas, sabotaje a la competencia política y gasto público en los momentos más apropiados de la justa electoral. Pero lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 10 ó 12 años no tiene parangón: es el crimen organizado liquidando la competencia, obligando al voto, y tomándose muchos organismos locales, como hospitales, o siendo favorecido por contratos de obras públicas. En cierto momento, los paramilitares bravuconearon de su representación parlamentaria y fueron recibidos con festejo en el sagrado recinto donde se elaboran las leyes que nos rigen.
Los votos armados se concentran en los partidos uribistas, por lo que perdieron buena parte de su legitimidad. Esos votos contaminaron también la elección presidencial de 2002, aunque sería incorrecto decir que sin esos votos el resultado de la elección hubiera sido muy distinto. Una popularidad muy alta presta legitimidad al Gobierno, aunque no es lo mismo aprobar la gestión presidencial, cuyo emblema es la seguridad, y otra haber votado o estar dispuesto a votar por sus partidos o por el Presidente. Podríamos especular diciendo que la mitad de esa corriente favorable de opinión o no vota o votaría por otros candidatos si tuviera un amplio rango de opciones, que resultan coartadas con tantas reelecciones.
El Presidente gastó tres horas la semana que pasó en un recinto judicial enfrentando al abogado defensor de un prestigioso juez investigador de la República. En vez de estar gobernando, se la pasa defendiéndose o atacando la justicia que investiga a sus aliados. Ahora la acusa de no investigar la farcpolítica y, óigase bien, de estar vulnerando la división de poderes. Los patos tirándoles a las escopetas.
