La buena noticia que recibimos recientemente es que la inflación se atemperó: en marzo de 2024 marcó 7,4 % cuando en diciembre de 2023 había sido de más del 9 %. La noticia mala es que la menor inflación refleja una ralentización del crecimiento económico que se va acercando a cero. Una de las posibles causas del escaso crecimiento fue la generosa alza del salario mínimo: en enero de 2023, el regalo fue de 16 %, mientras que un año después fue de 12 % que en términos reales representaron aumentos de 7 % en 2023 y de 3 % en 2024. La política salarial agravó el desempleo, que se ubicó en 11,7 % en febrero de 2024. Un año atrás, el mismo indicador había sido de 10,3 % de la fuerza laboral, o sea un incremento de 1,4 %.
La política monetaria no ayudó porque ha sido procíclica, es decir, ha agravado las condiciones recesivas. La tasa de interés de referencia del Banco de la República (con la que le presta al sistema bancario) se ubicó en 13,25 % en 2023 y fue un factor importante en la caída del crecimiento de la economía al afectar el crédito que requieren tanto las empresas como los consumidores para ampliar sus inversiones y gastos. Aunque se hizo una reducción de 0,5 % en la última reunión de junta, una tasa mayor de 12 % es todavía una pesada carga que está cinco puntos por encima de la inflación. Ha sido una política de llover sobre mojado: se les fue la mano y ahora no tienen cara para corregir sus malas decisiones. Al ritmo que llevan, se demorarían seis meses para alcanzar una tasa de interés similar a la inflación que incentive nuevamente el crecimiento. Este es otro daño colateral de la política monetaria.
Para empeorar la situación, los altos tipos de interés atraen capital extranjero que aprecia aún más el peso. Se conjugan, por un lado, una bonanza petrolera y, por otro lado, beneficios para los rentistas del capital que son maleficios para la industria y la agricultura que se ven en desventaja frente a la competencia internacional. En consecuencia, la industria se contrajo casi un 5 % durante 2023, a pesar del discurso proteccionista del gobierno. El sector agropecuario creció solo un 1,8 % el año pasado, ante lo cual la ministra de Agricultura expresó jubilosa que el pírrico crecimiento de su sector lo había convertido “en una de las ramas más dinámicas en la variación del Productor Interno Bruto (PIB). Este indicador ratifica que la política agropecuaria sigue generando calidad de vida para las familias productoras del campo colombiano”. ¡Increíble ingenuidad!
La balanza de la cuenta corriente con el exterior es negativa y se ha agravado: de -2,7 % del PIB en 2023 se proyecta que será -3,1 % en 2024, lo que significa un desvío de la demanda hacia bienes y servicios del exterior, siendo parte de la razón del bajo crecimiento de la economía. Este reducido crecimiento y una bonanza petrolera han propiciado la revaluación del peso, a la par que se reduce la demanda por bienes de capital, aumenta la oferta de divisas provista por el incremento de los precios del petróleo, resultado de las tensiones en el Medio Oriente. En 2023, el dólar marcó $4.325 en promedio y el 19 de abril de este año cerró en $3.920, revaluación equivalente al 10 %.
La apreciación de una moneda tiene algunos efectos negativos: las importaciones desplazan producción local, los turistas locales viajan más al exterior que dentro del país y los extranjeros aumentan sus visitas. Al mismo tiempo, la revaluación es favorable a la inversión ya que se abaratan los bienes de capital, pero su adquisición depende más de la confianza, de las perspectivas económicas y del crecimiento esperado que hoy impiden que los empresarios decidan ampliar sus negocios. En efecto, las expectativas y la confianza de los empresarios se encuentran en un punto bajo, debido no solo a las condiciones económicas sino también a la hostilidad que destila el discurso presidencial.
A todo lo anterior se suma la incertidumbre en torno a las reformas de la salud y del régimen pensional que Petro pretende estatizar. Afortunadamente, no cuenta con el respaldo político para aprobarlas ni con una tecnocracia que administre eficientemente los complejos sistemas que intenta expropiar en forma ilegal.
La buena noticia que recibimos recientemente es que la inflación se atemperó: en marzo de 2024 marcó 7,4 % cuando en diciembre de 2023 había sido de más del 9 %. La noticia mala es que la menor inflación refleja una ralentización del crecimiento económico que se va acercando a cero. Una de las posibles causas del escaso crecimiento fue la generosa alza del salario mínimo: en enero de 2023, el regalo fue de 16 %, mientras que un año después fue de 12 % que en términos reales representaron aumentos de 7 % en 2023 y de 3 % en 2024. La política salarial agravó el desempleo, que se ubicó en 11,7 % en febrero de 2024. Un año atrás, el mismo indicador había sido de 10,3 % de la fuerza laboral, o sea un incremento de 1,4 %.
La política monetaria no ayudó porque ha sido procíclica, es decir, ha agravado las condiciones recesivas. La tasa de interés de referencia del Banco de la República (con la que le presta al sistema bancario) se ubicó en 13,25 % en 2023 y fue un factor importante en la caída del crecimiento de la economía al afectar el crédito que requieren tanto las empresas como los consumidores para ampliar sus inversiones y gastos. Aunque se hizo una reducción de 0,5 % en la última reunión de junta, una tasa mayor de 12 % es todavía una pesada carga que está cinco puntos por encima de la inflación. Ha sido una política de llover sobre mojado: se les fue la mano y ahora no tienen cara para corregir sus malas decisiones. Al ritmo que llevan, se demorarían seis meses para alcanzar una tasa de interés similar a la inflación que incentive nuevamente el crecimiento. Este es otro daño colateral de la política monetaria.
Para empeorar la situación, los altos tipos de interés atraen capital extranjero que aprecia aún más el peso. Se conjugan, por un lado, una bonanza petrolera y, por otro lado, beneficios para los rentistas del capital que son maleficios para la industria y la agricultura que se ven en desventaja frente a la competencia internacional. En consecuencia, la industria se contrajo casi un 5 % durante 2023, a pesar del discurso proteccionista del gobierno. El sector agropecuario creció solo un 1,8 % el año pasado, ante lo cual la ministra de Agricultura expresó jubilosa que el pírrico crecimiento de su sector lo había convertido “en una de las ramas más dinámicas en la variación del Productor Interno Bruto (PIB). Este indicador ratifica que la política agropecuaria sigue generando calidad de vida para las familias productoras del campo colombiano”. ¡Increíble ingenuidad!
La balanza de la cuenta corriente con el exterior es negativa y se ha agravado: de -2,7 % del PIB en 2023 se proyecta que será -3,1 % en 2024, lo que significa un desvío de la demanda hacia bienes y servicios del exterior, siendo parte de la razón del bajo crecimiento de la economía. Este reducido crecimiento y una bonanza petrolera han propiciado la revaluación del peso, a la par que se reduce la demanda por bienes de capital, aumenta la oferta de divisas provista por el incremento de los precios del petróleo, resultado de las tensiones en el Medio Oriente. En 2023, el dólar marcó $4.325 en promedio y el 19 de abril de este año cerró en $3.920, revaluación equivalente al 10 %.
La apreciación de una moneda tiene algunos efectos negativos: las importaciones desplazan producción local, los turistas locales viajan más al exterior que dentro del país y los extranjeros aumentan sus visitas. Al mismo tiempo, la revaluación es favorable a la inversión ya que se abaratan los bienes de capital, pero su adquisición depende más de la confianza, de las perspectivas económicas y del crecimiento esperado que hoy impiden que los empresarios decidan ampliar sus negocios. En efecto, las expectativas y la confianza de los empresarios se encuentran en un punto bajo, debido no solo a las condiciones económicas sino también a la hostilidad que destila el discurso presidencial.
A todo lo anterior se suma la incertidumbre en torno a las reformas de la salud y del régimen pensional que Petro pretende estatizar. Afortunadamente, no cuenta con el respaldo político para aprobarlas ni con una tecnocracia que administre eficientemente los complejos sistemas que intenta expropiar en forma ilegal.