La reforma de la salud

Un refrán de la sabiduría popular dice: “Si no está dañado, no lo cambie”. El sistema de salud colombiano puede no ser el mejor del mundo, pero no es nada malo. La cobertura es prácticamente universal, su costo por habitante es razonable (cerca de 8 % del PIB, contra países desarrollados que gastan más del doble y con coberturas parciales), su acceso es aceptable, aunque las colas para ciertos procedimientos son excesivas. Se pueden mejorar los aspectos que funcionan menos bien, pero no es necesario ni conveniente darle un revolcón como el sugerido por la reforma que intenta implementar el Gobierno.

Las entidades promotoras de salud (EPS) han evolucionado y se han depurado tras 30 años de existencia del sistema que se construyó a partir de la Ley 100 de 1993. Las peor manejadas y más débiles financieramente han tenido que cerrar y ceder sus pacientes a las consolidadas. Las más grandes han construido redes de servicio que incluyen centros médicos, clínicas, hospitales y laboratorios que el Gobierno ahora cuestiona por su integración vertical.

La reforma inicialmente intentó prescindir de las EPS al considerarlas motivadas por el afán de lucro. Se trataba de sustituirlas por un complejo sistema público que había que construir desde la base, aunque contando con hospitales públicos de buen nivel que operan a plena capacidad y por eso hay que ampliarlos rápidamente.

El principal eje del proyecto del Gobierno es la creación de una red de centros de atención primaria (CAP) en todo el país, “con enfoque de medicina preventiva, que prestarán atención ambulatoria, urgencias, hospitalización, rehabilitación, exámenes de laboratorio y programas de salud pública”.

Los CAP contarán con un promedio de 25.000 personas por cada uno, distribuidas según el lugar de vivienda o trabajo, “con equipos médicos itinerantes que visiten de manera permanente a las familias de las regiones”. Hay que organizar 2.000 centros en total, tarea nada fácil y bastante costosa.

“Los recursos de la atención primaria serán ejecutados por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), con giros directos mensuales a los prestadores de salud públicos, privados o mixtos”. Se trata de un proceso de fuerte centralización de los servicios de salud, aunque la permanencia de las EPS garantiza que no se reduzca la oferta de servicios a la población que hoy disfruta de ellos. La escasez de medicamentos que padecemos se origina en la política de la ministra Corcho de bloquear las importaciones para que sean fabricados en el país. Ella desconoce la capacidad de la industria nacional de surtir medicamentos de mediana y alta complejidad para los cuales el mercado local no garantiza escalas de producción. Para rematar, su política proteccionista reduce la competencia que mantiene bajos los precios de los fármacos.

El Gobierno aspira a lograr, al mismo tiempo, “la dignificación de los trabajadores de la salud, mejorando las condiciones laborales, con estabilidad y facilidad para incrementar sus conocimientos, además de garantizar la educación continua y actualización a todo el personal”. Este Gobierno será un buen papá, pero poco riguroso con sus finanzas.

Así las cosas, el sistema de salud resultará más costoso que el actual al retirar el incentivo que existe de reducir sus costos de operación y mantenimiento, incluyendo los laborales. Como no se aumentan las cotizaciones de los usuarios ni las tarifas de los servicios, los recursos adicionales tendrán que salir del presupuesto de la nación.