La debilidad del estado colombiano se puede medir por el peso de la tributación en la riqueza creada anualmente.
Cuando en 1999 algunos mantenían, equivocadamente por cierto, que Colombia tenía un estado fallido , asediado por la insurgencia y el narcotráfico, el recaudo tributario alcanzaba menos del 10% del PIB. En 2015 los impuestos que recoge el gobierno central alcanzan 15.5% del producto y es evidente que su fortalecimiento ha obligado a las FARC a sentarse en la mesa de negociación.
Parte del empoderamiento resultó de la mayor tributación de empresas (la gran mayoría) y de personas, pero otra porción fue cuestión de suerte, al ganarnos la lotería de precios de las materias primas. En efecto, la bonanza petrolera aportó durante algunos años una quinta parte de todo el recaudo del gobierno, sin contar las regalías que van a las regiones. En 2015, Ecopetrol no pagó impuestos ni repartió dividendos, reflejando el hueco que nos dejó el fin de la bonanza, algo que el gobierno debe llenar con una nueva reforma tributaria.
Para ello, se encargó a un grupo de expertos que presentaran propuestas de reformar un sistema que es insuficiente, injusto, ineficiente (afecta perversamente la asignación de los recursos) y enrevesado, lo que permite una evasión y elusión considerables de los más ricos. Ellos proponen introducir un pequeño impuesto a los dividendos, simplificar y aumentar en algo el impuesto a la renta, reducir exenciones costosas y extender la imposición a fundaciones sin ánimo de lucro, que en buena medida son guaridas de evasión tributaria. Mas importante, proponen un fuerte aumento del impuesto al valor agregado que tiene un impacto sobre todos los ciudadanos.
Los expertos se pusieron de acuerdo en que no hay que aumentar la tributación directa sino recomponerla: aumentos al impuesto de las pensiones (la mayoría de los pensionados somos privilegiados) y reducir las exenciones sobre las inversiones financieras, mientras que se reducen las tasas corporativas que fueron trepadas sin ninguna técnica por la última reforma tributaria. Pero hay un margen apreciable de la tributación no aprovechado: los dueños de las empresas colombianas no contribuyen sobre sus dividendos y son eximidos además del impuesto a la riqueza.
Hoy los impuestos indirectos (IVA interno y externo, arancel y gasolina) representan el 6.7% del PIB, el de renta 6.9% y el de la riqueza sólo 0.7%. La comisión recomienda un aumento del impuesto al valor agregado que hoy está en 16% para la mayor parte de los bienes al 19%, incluyendo varios bienes todavía exentos de la canasta familiar.
Para palear el golpe del aumento del IVA, se propone que el gobierno focalice un mayor gasto social hacia los más perjudicados. Como lo argumentan Jorge Armando Rodríguez y Javier Ávila*, es bastante seguro que el IVA aumente, pero es incierto que el proceso político termine compensándolo a través de programas sociales.
Un criterio falaz de la comisión es la competitividad tributaria que tendería a imponer un rasero bajo para que siga llegando capital al país y para que el propio no se fugue. Una visión extrema nos quisiera igualar con Panamá. Los norteamericanos lo llaman “race to the bottom”, una carrera hacia el abismo, en este caso para justificar y no tocar la gran desigualdad que caracteriza al sistema tributario del país.
* “Reforma tributaria estructural: propuestas al banquillo”, CID, Universidad Nacional.
La debilidad del estado colombiano se puede medir por el peso de la tributación en la riqueza creada anualmente.
Cuando en 1999 algunos mantenían, equivocadamente por cierto, que Colombia tenía un estado fallido , asediado por la insurgencia y el narcotráfico, el recaudo tributario alcanzaba menos del 10% del PIB. En 2015 los impuestos que recoge el gobierno central alcanzan 15.5% del producto y es evidente que su fortalecimiento ha obligado a las FARC a sentarse en la mesa de negociación.
Parte del empoderamiento resultó de la mayor tributación de empresas (la gran mayoría) y de personas, pero otra porción fue cuestión de suerte, al ganarnos la lotería de precios de las materias primas. En efecto, la bonanza petrolera aportó durante algunos años una quinta parte de todo el recaudo del gobierno, sin contar las regalías que van a las regiones. En 2015, Ecopetrol no pagó impuestos ni repartió dividendos, reflejando el hueco que nos dejó el fin de la bonanza, algo que el gobierno debe llenar con una nueva reforma tributaria.
Para ello, se encargó a un grupo de expertos que presentaran propuestas de reformar un sistema que es insuficiente, injusto, ineficiente (afecta perversamente la asignación de los recursos) y enrevesado, lo que permite una evasión y elusión considerables de los más ricos. Ellos proponen introducir un pequeño impuesto a los dividendos, simplificar y aumentar en algo el impuesto a la renta, reducir exenciones costosas y extender la imposición a fundaciones sin ánimo de lucro, que en buena medida son guaridas de evasión tributaria. Mas importante, proponen un fuerte aumento del impuesto al valor agregado que tiene un impacto sobre todos los ciudadanos.
Los expertos se pusieron de acuerdo en que no hay que aumentar la tributación directa sino recomponerla: aumentos al impuesto de las pensiones (la mayoría de los pensionados somos privilegiados) y reducir las exenciones sobre las inversiones financieras, mientras que se reducen las tasas corporativas que fueron trepadas sin ninguna técnica por la última reforma tributaria. Pero hay un margen apreciable de la tributación no aprovechado: los dueños de las empresas colombianas no contribuyen sobre sus dividendos y son eximidos además del impuesto a la riqueza.
Hoy los impuestos indirectos (IVA interno y externo, arancel y gasolina) representan el 6.7% del PIB, el de renta 6.9% y el de la riqueza sólo 0.7%. La comisión recomienda un aumento del impuesto al valor agregado que hoy está en 16% para la mayor parte de los bienes al 19%, incluyendo varios bienes todavía exentos de la canasta familiar.
Para palear el golpe del aumento del IVA, se propone que el gobierno focalice un mayor gasto social hacia los más perjudicados. Como lo argumentan Jorge Armando Rodríguez y Javier Ávila*, es bastante seguro que el IVA aumente, pero es incierto que el proceso político termine compensándolo a través de programas sociales.
Un criterio falaz de la comisión es la competitividad tributaria que tendería a imponer un rasero bajo para que siga llegando capital al país y para que el propio no se fugue. Una visión extrema nos quisiera igualar con Panamá. Los norteamericanos lo llaman “race to the bottom”, una carrera hacia el abismo, en este caso para justificar y no tocar la gran desigualdad que caracteriza al sistema tributario del país.
* “Reforma tributaria estructural: propuestas al banquillo”, CID, Universidad Nacional.