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El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, anunció que buscaría cambiar la regla fiscal para poder aumentar la inversión pública. El anuncio despertó expectativas sobre la disposición del Gobierno a zafarse de una limitación que ha operado como generadora de confianza entre inversionistas extranjeros y nacionales desde hace más de dos décadas.
La regla fiscal fue establecida en 2011 por la administración Santos y busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere cierto límite establecido de deuda. Este límite es de 71 % del PIB y el ancla es de 55 % del mismo.
La propuesta del director de Planeación Nacional excluiría “del gasto de inversión los recursos relacionados con la transición energética y ambiental para generar un margen fiscal más amplio”. Anuncios de este tipo dan la idea de que no existe un compromiso serio del Gobierno por cumplir con mandatos que se autoimpusieron administraciones anteriores en aras del equilibrio fiscal.
Desde el punto de vista macroeconómico, Colombia está estancada, emproblemada además por una inflación del 10 % anual. La política monetaria es contraccionista, otorgándole prioridad a la inflación, sin considerar que puede provocar una fuerte recesión. En esta situación, lo conveniente es aumentar el gasto público que bien focalizado puede impulsar el crecimiento sin agravar la inflación. El gasto en equipos, personal e insumos en energías limpias debe ser monitoreado para que no ejerza presiones sobre sus precios y sobre la inflación en general.
La economía ha tenido un comportamiento mediocre: el crecimiento durante el primer semestre del año fue de solo 0,3 %; el año corrido, 1,7 %, y el intertrimestral, -1,0 %, que si se proyecta a cuatro trimestres arroja una seria contracción. Los únicos sectores que crecieron bien fueron administración pública (4,5 %) y minería, el sector más aborrecido por los ambientalistas, que creció 3,8 %, mientras que la industria se contrajo 4 % y la construcción, 3,7 %. El deterioro de este último sector tiene que ver con las altas tasas reales de interés que desincentivan a las personas a comprometerse con hipotecas tan pesadas.
El Gobierno cuenta con espacio para endeudarse y financiar la inversión requerida. La deuda interna pública alcanzó los $490 billones, 33,5 % del PIB, y la externa, 31,8 % del mismo, 64,5 % en total, lo que supera el ancla anunciada, pero está lejos del límite impuesto por la regla. El déficit fiscal para el presenta año según la proyección del Gobierno sería de 4,3 % del PIB, un punto porcentual menos que el legado por la despilfarradora administración Duque. No obstante, es aparente que la nueva burocracia en los puestos de mando del Estado no tiene experiencia en su administración y se ha demorado en destrabar el gasto del sinnúmero de impedimentos de la acción estatal que caracterizan al enredado y burocratizado sector público colombiano.
Así las cosas, la administración Petro camina sobre el filo de la navaja: debe propiciar el crecimiento y desarrollar los programas que prometió en campaña, pero al mismo tiempo debe cuidar que el gasto público no empeore la inflación que es el más pesado de los impuestos. Es también el impuesto que castiga de peor manera a los más pobres, sus constituyentes prioritarios.
