La riqueza de El Cerrejón

El presidente Gustavo Petro hizo una visita de seis días a La Guajira para desplegar una estrategia integral de enfrentar tres grandes ejes de la crisis que azota al departamento y que son, en su orden, agua, salud y energía. El presidente expresó que los habitantes del territorio, en particular las tribus wayuus que allí a duras penas sobreviven, no se han beneficiado de la explotación del carbón.

Lo que no dijo Petro es que un gran beneficiario del sistema extractivo en el departamento es el Gobierno nacional que se queda con la parte del león de las regalías que se generan. Estas se liquidan como el 10 % del valor del mineral a boca de mina para las grandes empresas. La región puede beneficiarse de los fuertes vientos que la azotan para generar energía eólica, pero debe asociar a las comunidades para que apoyen estos emprendimientos.

La empresa carbonífera de El Cerrejón está compuesta por las multinacionales Glencore, BHP (Broken Hill Proprietary) y Anglo American. Cuenta entre sus activos con un ferrocarril de 150 kilómetros de extensión y con Puerto Bolívar, que opera en una bahía profunda que permite el acceso de barcos de gran calado. La empresa tiene alrededor de 12.000 trabajadores y aduce que dos tercios son oriundos de La Guajira, pero las posiciones administrativas y de ingeniería están ocupadas por personal extranjero o del interior del país.

La mina comenzó a explotarse en los años 80. En el año 2000 extraía 20 millones de toneladas de carbón de alta pureza, pero en 2016 alcanzaba los 34 millones. En 2021 se descolgó y produjo solo 23,4 millones de toneladas, lo cual tuvo un impacto negativo sobre la economía regional pues representa más del 40 % del PIB de la misma.

Existe un largo historial de abusos de la empresa en torno al acceso privilegiado que tiene a las escasas fuentes de agua existentes en el desértico territorio. Además de que contamina el agua que utiliza en sus procesos de adecuación del carbón, contamina también el aire pues utiliza dinamita para pulverizar el material, lo que compromete la salud de los habitantes. La región ha sufrido de un aumento de la mortalidad infantil que también tiene que ver con la desnutrición que asola a los pobladores ancestrales, agravada por el cambio climático. Son muchas las denuncias de abusos de la empresa, que ha desplazado a varias comunidades porque en su subsuelo existía el preciado mineral.

El Cerrejón informó que pagó en 2021 $3,7 billones en impuestos y regalías: $2 billones al Gobierno central y $1,7 billones de regalías y parafiscales para el departamento y los seis municipios aledaños a la mina, pero estos recibieron solo $22.300 millones, o sea, menos de $4.000 millones cada uno en promedio. Entre los problemas más graves que afectan al departamento está la corrupción de su clase política, que solía vivir del contrabando, actividad que fue debilitada por la apertura económica de los años 90 que redujo los aranceles y se tiró el negocio para los guajiros.

Son varias las medidas que puede impulsar el Gobierno y que deben ser atendidas de manera urgente: hacer mapas geológicos de los depósitos de agua en el subsuelo y contar con equipos de succión y purificación para hacerla potable, asesorarse de expertos en el tema de la lucha contra la desertificación, en la que se destacan los israelíes, y establecer centros de educación adaptados a las necesidades de la región para desarrollar las capacidades de los wayuus en la solución de sus problemas.