El portal financiero Bloomberg describió la visión de la administración de De la Espriella sobre las cuentas fiscales de la siguiente manera: “El panorama pintado por el nuevo gobierno de Colombia sobre las finanzas públicas del país cayó como un plomo en Wall Street, desencadenando una de las peores ventas masivas del año en los activos de la nación”. Fue así como Miguel Gómez, el bisoño ministro de Hacienda inició su labor pegándose un tiro en el pie y apuntando otro a la cabeza de la economía.
El nuevo Gobierno propuso un presupuesto de COP 635 billones, lo que significa un aumento de COP 60 billones frente al proyecto devuelto tras ser radicado por el gobierno anterior. El nuevo presupuesto se acerca al 30 % del PIB, un nuevo récord histórico de gasto para un Gobierno que tenía como proyecto fundamental reducir el tamaño del Estado.
La mayor parte del presupuesto anterior estaba destinada a funcionamiento, por 366 billones y ahora se proponían 392 billones para el mismo fin. El sector que más tendría recursos sería el de las transferencias con un monto 297 billones (aumento de 24 billones sobre el año anterior). Se propone un gasto de personal de 72 billones, adquisición de bienes por 18 billones e intereses de mora por 1,3 billones de pesos.
En el servicio a la deuda se evidencia un incremento de más de 50 billones: para este año era de 100,4 billones, y el que se propone para el 2027 es de 155,4 billones, crecimiento de más del 50 %. En solo intereses se pagarán en 2026 69 billones de pesos y para el año siguiente se proyectan 94 billones, consecuencia del endeudamiento de Petro.
La inversión es el rubro más impactado. Para este año se aprobaron 89,4 billones y para el 2027 se prevé 86,9 billones, 3 % menos en pesos corrientes. Es muy preocupante que el gran impacto que causó el terremoto del 10 de agosto sea enfrentado con tan escasos recursos, un recorte cerca de 10 % en términos reales.
El ministro de Hacienda mencionó que “con este presupuesto de la verdad se corrigen los errores, las irregularidades y las “mentiras” del presupuesto presentado por el Gobierno anterior”. Resaltó que Petro dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas.
“Además de asignar los recursos para estas obligaciones el presupuesto contempla medidas de austeridad, los gastos de burocracia se ajustan en (sic) la inflación, después de años de derroche esperamos que el Congreso de la República apoye con espíritu patriota esta ley fundamental para poder recuperar la confianza en la economía”, aseveró el funcionario.
No hay que olvidar que el terremoto destruyó capacidad productiva, lo que a su vez deterioró el flujo de bienes y servicios. Ahora se trata de recuperarla para atender la actividad productiva. Existe demanda inmediata de reparar la maquinaria afectada y de nuevos equipos que sustituyan los averiados, para lo cual se deben agilizar sus importaciones. Se requiere de financiamiento barato y a largo plazo para pagarlos y ponerlos a producir. Entre tanto, la demanda por maquinaria menos compleja puede ser provista por las plantas de producción que no fueron afectadas por el sismo, en ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Se requiere financiación adicional al crédito por USD 400 millones prometido por el Banco Mundial, esfuerzo que puede ser desplegado por la banca nacional.
