El sistema constitucional de Estados Unidos, basado en el balance de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial está siendo subvertido por Donald Trump. El Partido Republicano ha perdido sus principios y ahora está dirigido y manipulado por las huestes trumpistas. Si en su primer mandato Trump no tuvo control sobre las dos cámaras legislativas, en esta ocasión sí lo logró y los únicos obstáculos que le quedan son las cortes, varias de las cuales han sido cooptadas y puestas a su servicio durante su mandato previo.
Rodeado por la extrema derecha de Estados Unidos y estrechamente asesorado por Elon Musk, un magnate propietario de la empresa de autos eléctricos Tesla, Trump viene arrasando con todos los límites legales que los presidentes de la gran nación del norte solían respetar. Musk nació en Sudáfrica, pero obtuvo la ciudadanía norteamericana por sus conexiones con la plutocracia de ese país. A pesar de no ser un funcionario elegido, ha obtenido un poder que muy pocas personas o instituciones ostentan en los Estados Unidos. Se le ve con frecuencia en la oficina del presidente, acompañado por su pequeño hijo, ambos haciendo travesuras que, en el caso del primero, pueden terminar siendo muy costosas para los ciudadanos. Él decide qué agencias del Estado deben ser privilegiadas y cuáles marchitadas si no sirven a sus ulteriores propósitos.
Lo primero que ha hecho el presidente Trump es purgar el gobierno de las cabezas del servicio civil que solían ser funcionarios de carrera para colocar su personal de confianza, algo que no tiene justificación legal ni precedente desde los años cincuenta del siglo XX, que fueron los del macartismo. Esos fueron años tristes para la democracia norteamericana, en los que muchos funcionarios, políticos y personas fueron perseguidas por el senador Joseph McCarthy, denunciados por liberales, pero fueron acusadas de comunistas. Se recuerda a los esposos Ethel y Julius Rosenberg, quienes fueron ejecutados en la silla eléctrica, acusados de espionaje en 1953, algo que nunca se pudo probar judicialmente.
Trump prosiguió a destruir la agencia USAID, que era instrumento y el lado amable de la política imperial norteamericana en el mundo, para mostrar la cara más descarnada y violenta del imperialismo norteamericano. Ahora todo es moneda de cambio: o me das todo o no te doy nada, les dice a los países que solían recibir ayudas para moderar sus condiciones abrumadoras de pobreza.
En un documento del Departamento de Estado titulado El Proyecto 25 de Transición Presidencial se proponen “controlar las riendas del gobierno”, comenzando por la Casa Blanca, asumir la Defensa del Común, purgar el Departamento de Defensa y el de Seguridad Interna, así como el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia y las Agencias de Medios de Comunicación, incluyendo la Corporación de Radio y la infamosa AID que fue desmantelada porque, de nuevo, al presidente no le gusta regalar nada. El documento se refiere a lo que llama el Bienestar General y reparte responsabilidades entre los departamentos de agricultura, educación y energía, pero descuida el de medio ambiente, la salud y los servicios humanos.
Se trata de un relevo abrumador de personal: pasar de una burocracia seleccionada por mérito a un personal escogido por su militancia política a favor del Partido Republicano y, más precisamente, del nacionalismo trumpista, se condensa en la frase altisonante del presidente “Hacer de nuevo grande a América” que para él es solo los Estados Unidos. La frase revela un complejo de inferioridad, porque el gran país del norte nunca ha dejado de ser poderoso, siempre creciendo cada año, que es mucho para una economía madura. Por el contrario, Trump sugiere que Estados Unidos entró en un proceso de decadencia que él está dispuesto a superar. Lo cierto es que sus prácticas partidarias y clientelistas dañarán la burocracia y harán a Estados Unidos cada vez más víctima de la mezquindad y del sectarismo.
