El Gobierno Duque pretendió de entrada aumentar el presupuesto de sus gastos de 2019 en casi un 10 % frente al de 2018: aumento de la burocracia proporcional y de la inversión por mucho más. Esa fue la justificación para que el ministro Carrasquilla requiriera $14 billones en una nueva reforma tributaria cuando los contribuyentes se estaban lamiendo todavía las heridas que les infligió la reforma de 2016.
El ministro intentó golpear de nuevo a los sectores más vulnerables de la sociedad con su IVA a la canasta básica, pero la opinión indignada se lo impidió. El Centro Democrático, por su parte, aprovechó la guachafita parlamentaria para devolver impuestos a diestra y siniestra, lo que terminó con un saldo negativo para el fisco: $7,5 billones de impuestos adicionales y $9 billones de exenciones.
La situación se complica con el expresidente redentor haciendo populismo: el ajuste del salario mínimo duplicó la inflación de 2018 y eso aumenta los gastos de funcionamiento del Gobierno proporcionalmente; se propone además quitarnos a los jubilados privilegiados un 8 % de los aportes en salud, lo cual aumentaría el déficit pensional aún más. Al mismo tiempo, la reforma tributaria volvió a perdonar a los pensionados ricos que recibimos un subsidio de $80 millones al año, según Marc Hoffsteter. Así las cosas, el país se encamina hacia un peligroso déficit fiscal que podría terminar con la pérdida de su grado de inversión, encareciendo su financiamiento y despertando el temor de los inversionistas en confiarle su plata a un Estado derrochón. Cero en confianza inversionista.
Las opciones que le quedan a Carrasquilla son bastante limitadas. Puede hacer un ajuste del gasto monumental, con lo cual afectaría el futuro electoral del Centro Democrático, o puede vender activos de la nación, lo que reduciría el flujo de caja hacia futuro y el colateral que representan. Este parece ser el camino escogido: vender otro pedazo de Ecopetrol, empresa en la que el Estado cuenta con un 88,5 % de su capital y que es administrada por un gobierno corporativo, relativamente independiente, pero a la hora de la verdad no tanto. La falta de cuidado en las inversiones hechas en Reficar, Ecodiesel y Bioenergy, una planta de etanol en los Llanos Orientales, más los altos subsidios que otorga a ingenios de azúcar y palmicultores, insinúan que cae presa de los intereses de las elites y toma malas decisiones para el peculio colectivo.
El país es un productor pequeño con cerca de 850.000 barriles diarios de crudo, a partir de pozos que se están agotando. Ante la crisis global del petróleo en 2014 y la extinción de sus reservas, la junta directiva de Ecopetrol decidió reducir el reparto de las utilidades de la empresa y dedicarlas más a la exploración y, si se lo permiten las autoridades ambientales y las comunidades, al “fracking”. Esta perspectiva de largo plazo afecta negativamente la valoración de la empresa.
Las fluctuaciones violentas de los precios del petróleo también dictan el valor de la acción: en 2014 alcanzó casi los $4.000, para reducirse a $1,000 en 2016 y recuperarse un tanto en la actualidad a $2.935. La utilidad de Ecopetrol será de unos $11 billones en 2018, de los cuales el Gobierno insistirá en apropiar lo más que pueda. Los impuestos a la gasolina y el diésel constituyen recursos importantes; precisamente por eso nos están elevando tanto sus precios a los consumidores y transportistas.
El Gobierno Duque pretendió de entrada aumentar el presupuesto de sus gastos de 2019 en casi un 10 % frente al de 2018: aumento de la burocracia proporcional y de la inversión por mucho más. Esa fue la justificación para que el ministro Carrasquilla requiriera $14 billones en una nueva reforma tributaria cuando los contribuyentes se estaban lamiendo todavía las heridas que les infligió la reforma de 2016.
El ministro intentó golpear de nuevo a los sectores más vulnerables de la sociedad con su IVA a la canasta básica, pero la opinión indignada se lo impidió. El Centro Democrático, por su parte, aprovechó la guachafita parlamentaria para devolver impuestos a diestra y siniestra, lo que terminó con un saldo negativo para el fisco: $7,5 billones de impuestos adicionales y $9 billones de exenciones.
La situación se complica con el expresidente redentor haciendo populismo: el ajuste del salario mínimo duplicó la inflación de 2018 y eso aumenta los gastos de funcionamiento del Gobierno proporcionalmente; se propone además quitarnos a los jubilados privilegiados un 8 % de los aportes en salud, lo cual aumentaría el déficit pensional aún más. Al mismo tiempo, la reforma tributaria volvió a perdonar a los pensionados ricos que recibimos un subsidio de $80 millones al año, según Marc Hoffsteter. Así las cosas, el país se encamina hacia un peligroso déficit fiscal que podría terminar con la pérdida de su grado de inversión, encareciendo su financiamiento y despertando el temor de los inversionistas en confiarle su plata a un Estado derrochón. Cero en confianza inversionista.
Las opciones que le quedan a Carrasquilla son bastante limitadas. Puede hacer un ajuste del gasto monumental, con lo cual afectaría el futuro electoral del Centro Democrático, o puede vender activos de la nación, lo que reduciría el flujo de caja hacia futuro y el colateral que representan. Este parece ser el camino escogido: vender otro pedazo de Ecopetrol, empresa en la que el Estado cuenta con un 88,5 % de su capital y que es administrada por un gobierno corporativo, relativamente independiente, pero a la hora de la verdad no tanto. La falta de cuidado en las inversiones hechas en Reficar, Ecodiesel y Bioenergy, una planta de etanol en los Llanos Orientales, más los altos subsidios que otorga a ingenios de azúcar y palmicultores, insinúan que cae presa de los intereses de las elites y toma malas decisiones para el peculio colectivo.
El país es un productor pequeño con cerca de 850.000 barriles diarios de crudo, a partir de pozos que se están agotando. Ante la crisis global del petróleo en 2014 y la extinción de sus reservas, la junta directiva de Ecopetrol decidió reducir el reparto de las utilidades de la empresa y dedicarlas más a la exploración y, si se lo permiten las autoridades ambientales y las comunidades, al “fracking”. Esta perspectiva de largo plazo afecta negativamente la valoración de la empresa.
Las fluctuaciones violentas de los precios del petróleo también dictan el valor de la acción: en 2014 alcanzó casi los $4.000, para reducirse a $1,000 en 2016 y recuperarse un tanto en la actualidad a $2.935. La utilidad de Ecopetrol será de unos $11 billones en 2018, de los cuales el Gobierno insistirá en apropiar lo más que pueda. Los impuestos a la gasolina y el diésel constituyen recursos importantes; precisamente por eso nos están elevando tanto sus precios a los consumidores y transportistas.