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Se volvió a salir de su botella el genio intervencionista de Gustavo Petro. Se trata de dirigir recursos financieros aportados por los ahorristas hacia sectores que él considera prioritarios: agro, turismo, vivienda e industria. Seguramente muchos de los clientes a ser seleccionados no cuentan con las garantías para acceder a los préstamos bancarios o sus negocios no son suficientemente rentables. Parte de esa platica puede perderse.
¿Quién cubrirá el riesgo que se le impone al sector financiero? El gobierno no ha anunciado, por ejemplo, que el Fondo Nacional de Garantías con recursos públicos atenderá cualquier moratoria parcial o total de los dineros que generosamente distribuya entre sus allegados. Es que es muy distinto que el gobierno escoja a los clientes que recibirán el crédito a que lo haga el banco. Si el primero aspira a réditos políticos –que los clientes pongan votos por los candidatos del Pacto Histórico–, el segundo querrá asegurarse de que cuenten con la renta, el patrimonio y los fiadores que garanticen el pago puntual del préstamo.
Existen dos fuentes para enfrentar las posibles pérdidas causadas por los préstamos forzosos: las utilidades del sistema financiero, incluso parte de su capital, o reducir los intereses que el sistema abona al resto de los ahorristas. Se trata de un impuesto oculto sin haber sido aprobado por los representantes del pueblo. Una posible consecuencia es que los ahorros fluyan hacia el mercado extrabancario, que es más rentable y al mismo tiempo más riesgoso, un proceso de desintermediación financiero indeseable desde todo punto de vista.
Meterle la mano al sistema financiero privado para que preste sus recursos sin suficientes garantías tiene otras consecuencias nocivas: ahuyenta las inversiones privadas que pueden llegar a la economía, pues corren el riesgo de ser “dirigidas” hacia donde los funcionarios crean que es óptimo, aunque sus dueños no estén de acuerdo y además pierdan su platica. Se trata de un sistema financiero que queda represado por las pretensiones del gobierno y que conducirá a la fuga de capitales y al aumento de las tasas de interés ante los mayores riesgos. La fuga de capital reduce precisamente la oferta de fondos prestables disponibles y contribuye a que las tasas de interés sean más elevadas. Como dice el calypso, Harry Belafonte: “Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela”.
Se trata, en palabras de Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria, de un subsidio cruzado que termina privilegiando a algunos con tasas de interés bajas que subsidian los que terminan pagando intereses más caros. La consecuencia es, según él, “que todos los demás sectores tengan créditos más altos, estamos reduciendo el tamaño de los depósitos y, por lo tanto, todos los demás tienen tasas más altas, hay un problema horizontal muy complejo”. El almuerzo gratis para algunos termina siendo carísimo para otros.
En los años ochenta del siglo pasado, el gobierno legisló que los bancos hicieran préstamos forzosos que reprimieron el sistema financiero, conduciendo a que tuviéramos índices muy bajos de crédito con respecto al producto nacional. En 1980, el crédito representaba menos de una cuarta parte del PIB. En la actualidad hemos progresado algo en la libertad que tienen los bancos para prestar, lo que permitió que el crédito represente el 51 % del PIB. Esta participación es baja si nos comparamos con coberturas de más del 100 % del PIB en Asia y en los países desarrollados, donde los márgenes de intermediación son más bajos que acá. El crédito en Colombia sigue frenado por la percepción de mayor riesgo entre los bancos y el exceso de garantías que exigen para otorgar sus préstamos.
Lo que está haciendo el gobierno para aumentar el crédito es volver al pasado de la represión financiera, pero tendrá el efecto contrario a lo buscado. Los bancos se rehusarán a prestar más si no cuentan con las garantías para recuperar lo prestado más los intereses causados, como lo han hecho siempre y como lo seguirán haciendo si quieren preservar y aumentar su capital.
