Tres iniciativas legislativas de la senadora Gilma Jiménez sobre los niños, sus abusadores y los padres irresponsables han abierto la discusión pública que es necesario enfrentar en una sociedad tan pobre, desigual y dividida como la colombiana.
La primera iniciativa recogió dos millones y medio de firmas y amenaza con cambiar la Constitución para introducir la cadena perpetua en contra de los violadores de niños. En un sistema judicial tan ineficiente y carente de rigor como el colombiano, elevar el límite de castigo que permite la Constitución no va a controlar este tipo de execrable delito. Y tan espantosa como es la violación de un menor indefenso, no es comparable con delitos atroces, como el genocidio, que sería castigado con penas inferiores.
Una segunda iniciativa aumenta de nuevo las penas, pero en contra de los mismos niños y adolescentes que, en caso de que delincan, se verán tratados como si fueran adultos. Se impide así presuntamente que los menores sean aprovechados por las organizaciones delincuenciales para cometer delitos graves; pasan a ser confinados en las cárceles de mayores, donde podrán graduarse como delincuentes plenos. La representante Ángela María Robledo ha logrado frenar las intenciones más perversas de la iniciativa, que liquidaban el trato diferencial y humano del Instituto de Bienestar Familiar y otras instituciones para con los menores.
La tercera iniciativa se aproxima a una despótica intervención en el ámbito individual de mujeres y hombres que no practiquen la “paternidad responsable”, lo que puede vulnerar gravemente sus derechos humanos. A los que se les compruebe el no pago de alimentos, abandono o desafecto, podrán recibir penas de hasta seis años de confinamiento, lo cual puede incluir a una población de unos seis millones de padres irresponsables.
Hay que preguntarle a la senadora Jiménez si piensa impulsar también un enorme plan para construir las cárceles que castiguen a tantos padres y especializar a unos 500.000 jueces que se ocupen de los delitos así tipificados, lo cual no es del todo necesario. De hecho, Bienestar Familiar puede suspender la patria potestad de padres que maltraten a sus hijos y los jueces deberían embargar a los padres que no respondan por sus hijos, algo en lo que tienden a ser negligentes.
La paternidad irresponsable es producto de una educación religiosa que enseña la imprevisión, de la insuficiencia de los métodos de planificación familiar disponibles, en especial para los adolescentes, y de pobreza, que induce a muchos individuos a escapar de sus responsabilidades con los hijos que traen al mundo. Existen también factores culturales: se es más macho mientras más se disemine la simiente.
Lo que me parece bueno de este proyecto es que obliga a proveer de manera gratuita los elementos de control natal, aunque me parecen necesarias además brigadas de educadores que vayan a los barrios más pobres de las ciudades y a los campos a difundir el mensaje de responsabilidad para que mujeres y hombres ejerzan control racional sobre sus vidas.
Bajo la guía de la senadora Jiménez, enrumbaríamos hacia una sociedad donde el gran hermano confisca millones de niños a los padres desafectos que terminan en la cárcel y procede a exportar los muchachitos que no estén presos. Sería una solución a largo plazo para el desempleo y la informalidad y, además, una nueva fuente de divisas.
Tres iniciativas legislativas de la senadora Gilma Jiménez sobre los niños, sus abusadores y los padres irresponsables han abierto la discusión pública que es necesario enfrentar en una sociedad tan pobre, desigual y dividida como la colombiana.
La primera iniciativa recogió dos millones y medio de firmas y amenaza con cambiar la Constitución para introducir la cadena perpetua en contra de los violadores de niños. En un sistema judicial tan ineficiente y carente de rigor como el colombiano, elevar el límite de castigo que permite la Constitución no va a controlar este tipo de execrable delito. Y tan espantosa como es la violación de un menor indefenso, no es comparable con delitos atroces, como el genocidio, que sería castigado con penas inferiores.
Una segunda iniciativa aumenta de nuevo las penas, pero en contra de los mismos niños y adolescentes que, en caso de que delincan, se verán tratados como si fueran adultos. Se impide así presuntamente que los menores sean aprovechados por las organizaciones delincuenciales para cometer delitos graves; pasan a ser confinados en las cárceles de mayores, donde podrán graduarse como delincuentes plenos. La representante Ángela María Robledo ha logrado frenar las intenciones más perversas de la iniciativa, que liquidaban el trato diferencial y humano del Instituto de Bienestar Familiar y otras instituciones para con los menores.
La tercera iniciativa se aproxima a una despótica intervención en el ámbito individual de mujeres y hombres que no practiquen la “paternidad responsable”, lo que puede vulnerar gravemente sus derechos humanos. A los que se les compruebe el no pago de alimentos, abandono o desafecto, podrán recibir penas de hasta seis años de confinamiento, lo cual puede incluir a una población de unos seis millones de padres irresponsables.
Hay que preguntarle a la senadora Jiménez si piensa impulsar también un enorme plan para construir las cárceles que castiguen a tantos padres y especializar a unos 500.000 jueces que se ocupen de los delitos así tipificados, lo cual no es del todo necesario. De hecho, Bienestar Familiar puede suspender la patria potestad de padres que maltraten a sus hijos y los jueces deberían embargar a los padres que no respondan por sus hijos, algo en lo que tienden a ser negligentes.
La paternidad irresponsable es producto de una educación religiosa que enseña la imprevisión, de la insuficiencia de los métodos de planificación familiar disponibles, en especial para los adolescentes, y de pobreza, que induce a muchos individuos a escapar de sus responsabilidades con los hijos que traen al mundo. Existen también factores culturales: se es más macho mientras más se disemine la simiente.
Lo que me parece bueno de este proyecto es que obliga a proveer de manera gratuita los elementos de control natal, aunque me parecen necesarias además brigadas de educadores que vayan a los barrios más pobres de las ciudades y a los campos a difundir el mensaje de responsabilidad para que mujeres y hombres ejerzan control racional sobre sus vidas.
Bajo la guía de la senadora Jiménez, enrumbaríamos hacia una sociedad donde el gran hermano confisca millones de niños a los padres desafectos que terminan en la cárcel y procede a exportar los muchachitos que no estén presos. Sería una solución a largo plazo para el desempleo y la informalidad y, además, una nueva fuente de divisas.