La ley de financiamiento quizá debía llamarse de desfinanciación. Recauda la mitad de lo que argumentaba era necesario, aunque mejoró los regalos que les ofrece a los inversionistas que escoge a dedo. En efecto, la reforma se basa ahora en impuestos progresivos como los que recaen sobre los salarios altos, los dividendos y el patrimonio o los saludables que enfrentan todavía el cabildeo de poderosos intereses nacionales, como el de los ingenios azucareros, e internacionales, como Coca-Cola, pero aumenta las deducciones y beneficios.
Los regalos están repartidos a favor de la economía naranja por la que se antojó el joven Duque, que puede ser cualquier industria con tal de que la escoja el Ministerio de Cultura (¿Caracol, RCN, Dago García?); la hotelería se beneficia de exenciones por muchos años, gracias a las cuales se volvió rentable construir torres que se mantienen desocupadas; los supuestos megaproyectos de inversión obtienen megabeneficios y las inversiones agroindustriales, tan del agrado de senador Uribe Vélez, son privilegiados de nuevo, todos definidos con amplia discrecionalidad. El sistema tributario debe ser igual para todos y se socava si unos sectores son escogidos sin buenas razones para disfrutar de privilegios o ser castigados, como lo intentó el senador Bargüil para la banca y el sector minero energético. Sí debiera existir una tasa progresiva a las empresas según su rentabilidad y no una tasa fija, como lo es actualmente.
Otras gabelas son la exención del IVA para los bienes de capital; la eliminación gradual de la renta presuntiva que permitía gravar los patrimonios parasitarios, representados, por ejemplo, en tierras sin explotar; se introducen descuentos por el impuesto de industria y comercio cobrados por los municipios (se trataría de un reembolso de fondos que pagamos todos a favor de las empresas) y un descuento similar por el gravamen a los movimientos financieros (el 4x 1.000). Para rematar, se mantiene la reducción del impuesto de renta de las empresas del 33 % actual al 30 % en 2021 y el impuesto de 1,5 % al patrimonio se cobra solo por dos años.
Uno de los mayores males infligidos al endeble sistema tributario colombiano fue la introducción de las zonas francas, que tenían el loable propósito inicial de fomentar las exportaciones manufactureras del país, mediante tasas de impuestos más bajas de las que pagaban el resto de las empresas y la exclusión de los impuestos aduaneros y del IVA a las importaciones. El impacto sobre las exportaciones fue casi nulo, pero rompió la disciplina tributaria y multiplicó la elusión de impuestos de las empresas más avispadas. Para propagar la elusión, la administración Uribe inventó las zonas francas uniempresariales, en las que se perdía incluso la figura de una zona excluida de aduanas que se localizaba en la propia empresa. Las zonas francas especiales y uniempresariales se mantienen con una tasa de tributación 13 % inferior a la que pagan las empresas honestas.
Sumando y restando los ingresos y deducciones de la ley de financiamiento, en 2019 las cuentas fiscales cuadran si hay un recorte fuerte del gasto público. De allí en adelante, se entra en una espiral de déficits fiscales cada vez mayores que, en caso de no enfrentarse, le costarán la descertificación de la deuda pública al país, dificultades para refinanciarse, fugas de capital y contracción de la economía. Es que tanta voracidad tiene precio.
La ley de financiamiento quizá debía llamarse de desfinanciación. Recauda la mitad de lo que argumentaba era necesario, aunque mejoró los regalos que les ofrece a los inversionistas que escoge a dedo. En efecto, la reforma se basa ahora en impuestos progresivos como los que recaen sobre los salarios altos, los dividendos y el patrimonio o los saludables que enfrentan todavía el cabildeo de poderosos intereses nacionales, como el de los ingenios azucareros, e internacionales, como Coca-Cola, pero aumenta las deducciones y beneficios.
Los regalos están repartidos a favor de la economía naranja por la que se antojó el joven Duque, que puede ser cualquier industria con tal de que la escoja el Ministerio de Cultura (¿Caracol, RCN, Dago García?); la hotelería se beneficia de exenciones por muchos años, gracias a las cuales se volvió rentable construir torres que se mantienen desocupadas; los supuestos megaproyectos de inversión obtienen megabeneficios y las inversiones agroindustriales, tan del agrado de senador Uribe Vélez, son privilegiados de nuevo, todos definidos con amplia discrecionalidad. El sistema tributario debe ser igual para todos y se socava si unos sectores son escogidos sin buenas razones para disfrutar de privilegios o ser castigados, como lo intentó el senador Bargüil para la banca y el sector minero energético. Sí debiera existir una tasa progresiva a las empresas según su rentabilidad y no una tasa fija, como lo es actualmente.
Otras gabelas son la exención del IVA para los bienes de capital; la eliminación gradual de la renta presuntiva que permitía gravar los patrimonios parasitarios, representados, por ejemplo, en tierras sin explotar; se introducen descuentos por el impuesto de industria y comercio cobrados por los municipios (se trataría de un reembolso de fondos que pagamos todos a favor de las empresas) y un descuento similar por el gravamen a los movimientos financieros (el 4x 1.000). Para rematar, se mantiene la reducción del impuesto de renta de las empresas del 33 % actual al 30 % en 2021 y el impuesto de 1,5 % al patrimonio se cobra solo por dos años.
Uno de los mayores males infligidos al endeble sistema tributario colombiano fue la introducción de las zonas francas, que tenían el loable propósito inicial de fomentar las exportaciones manufactureras del país, mediante tasas de impuestos más bajas de las que pagaban el resto de las empresas y la exclusión de los impuestos aduaneros y del IVA a las importaciones. El impacto sobre las exportaciones fue casi nulo, pero rompió la disciplina tributaria y multiplicó la elusión de impuestos de las empresas más avispadas. Para propagar la elusión, la administración Uribe inventó las zonas francas uniempresariales, en las que se perdía incluso la figura de una zona excluida de aduanas que se localizaba en la propia empresa. Las zonas francas especiales y uniempresariales se mantienen con una tasa de tributación 13 % inferior a la que pagan las empresas honestas.
Sumando y restando los ingresos y deducciones de la ley de financiamiento, en 2019 las cuentas fiscales cuadran si hay un recorte fuerte del gasto público. De allí en adelante, se entra en una espiral de déficits fiscales cada vez mayores que, en caso de no enfrentarse, le costarán la descertificación de la deuda pública al país, dificultades para refinanciarse, fugas de capital y contracción de la economía. Es que tanta voracidad tiene precio.