Macroeconomía y gasto social

El legado económico que dejó Iván Duque no fue el mejor. El crecimiento promedio de sus cuatro años fue solo de 3,3 %, aunque incluyó la contracción de 7 % que generó la pandemia. Después vino un fuerte rebote que se prolonga hasta nuestros días. El peor resultado que causó la administración anterior fue la inflación que promedió 10 % en los dos últimos años y superará el 14 % en 2022.

Un componente de la inflación fue importado. El alza de precios de Estados Unidos en 2021 fue de 8,5 % anualizada a septiembre, la más alta en 40 años. Importamos todo el trigo con el que horneamos el pan de cada día porque el trópico no se presta para cultivarlo. El año pasado importamos además seis millones de toneladas de maíz y dos millones de soya como insumos de las industrias avícola, porcícola y ganadera.

En 2022 las importaciones agrícolas crecerán cerca de 40 % por encima del nivel de 2021. Con la fuerte devaluación del peso del presente año aumentará el índice de precios al consumidor en su componente de alimentos y posiblemente se reduzcan las importaciones en 2023. Otra fuente de inflación fueron los alimentos producidos localmente que tuvieron un alza de 22 %, debido, entre otros factores, al intenso invierno que padecemos.

Las irresponsables declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, radicalizadas por su viceministra, Belizza Ruiz, de que se frenaría la exploración y explotación de nuevos yacimientos de petróleo y que se importaría gas de Venezuela generaron mucha incertidumbre en los mercados: el dólar se acercó a un nivel récord de $5.000 el 24 de octubre y el valor bursátil de Ecopetrol se derrumbó. Si el 10 de agosto la acción valía US$10,80, el 24 de octubre representaba US$9,26, deterioro del 15 %. Fue necesario que el ministro de Hacienda afirmara el 20 de octubre que “la percepción de algunas declaraciones de colegas, sobre todo el tema del petróleo”, ha podido llegar a influir en el precio del dólar en Colombia, asegurando que sí iba a continuar la explotación de petróleo y gas en el país. Esto contribuyó a que el dólar volviera a reflejar sus fundamentos macroeconómicos, estabilizándose en $4.830 el 28 de octubre. Al asegurar la continuidad del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se recuperó también el valor de la acción de la empresa estatal a US$9,90, o sea parte del valor perdido. Sin embargo, la destitución del presidente de la junta de Ecopetrol por Petro genera nuevas incertidumbres sobre la suerte de la empresa.

Otro legado nocivo heredado por la administración Petro fue un déficit del Gobierno central que se trepó de 2020 en adelante, iniciado por la pandemia que exigió más gasto público, al tiempo que se reducían los ingresos tributarios. Duque intentó hacer aprobar una reforma draconiana que terminó en un paro indefinido que obligó a desistir de equilibrar las cuentas públicas. El déficit fiscal se calcula hoy en 7,3 % del PIB, explicado en buena parte por el subsidio a la gasolina que representa casi la mitad, 3,5 % del PIB. En vez de cobrar $9.500 el galón, debiéramos estar pagando unos $20.000. No es justo subsidiar el transporte privado. Ocampo planea aumentar el precio muy lentamente en $400 mensuales, demorándose 26 meses para alcanzar la paridad.

El exceso de gasto en una economía jalonado por el Gobierno va acompañado de un déficit en las cuentas externas del país, por lo cual se identifican como “déficits gemelos”. En efecto, hay un deterioro apreciable en la cuenta corriente que presenta un déficit de casi 6 % del PIB a junio de 2022 que ha influido en la devaluación del peso. El considerable aumento del precio del petróleo, que hoy se acerca a los US$90 por barril, ayuda a equilibrar esas cuentas y permitió que el peso colombiano tuviera la revaluación anotada.

Una consecuencia del déficit fiscal fue que la deuda pública total pasó del 44 % del PIB en 2018 al 62,4 % en la actualidad, que es uno de los problemas que más preocupa a los inversionistas en títulos del Gobierno. Para frenar este deterioro, el Gobierno preparó una nueva reforma tributaria que ha sido más discutida que la anterior y se propone recaudar unos $20 billones, el doble de lo que generalmente recaudaban las raquíticas reformas tributarias del pasado. El Gobierno espera que esta iniciativa contribuya a reducir el desequilibrio fiscal, pero también pueda aumentar el gasto social que prometió en campaña.