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Más sobre el deterioro fiscal

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Las cuentas que maneja el gobierno no cuadran. Esa es la conclusión de una institución poco conocida pero muy seria como es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF. Según su presidente, Juan Carlos Ramírez, “el escenario fiscal de mediano plazo está condicionado a decisiones de política que hoy se desconocen, (…) en medio de un momento crítico, marcado por las rigideces del gasto y el costo imprevisto de la emergencia económica derivada del terremoto del 10 de agosto”.

Ramírez advierte que el “sinceramiento” fiscal del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, “luce optimista cuando se contrasta con las estimaciones del CARF”, concluyendo que “el presupuesto del otro año está estructuralmente desfinanciado”. La CARF advierte que la exclusión de $30 billones de ingresos extraordinarios inciertos deja las apropiaciones sin fuentes de ingresos corrientes suficientes para cubrirlas. Este hecho hace que las expectativas sobre el balance primario (que no incluye los intereses de la deuda) se hayan deteriorado progresivamente.

El documento agrega que “el escenario fiscal de mediano plazo está condicionado a decisiones de política que hoy se desconocen, (…) en medio de un momento crítico, marcado por las rigideces del gasto y el costo imprevisto de la emergencia económica derivada del terremoto del 10 de agosto”. El ente “consideró que la actualización del Presupuesto General de la Nación para 2027 y también del Plan Financiero integraron cifras más realistas del desequilibrio fiscal, es decir, la brecha entre gastos e ingresos en la política presupuestal. Aun así, detalló que la situación devela un panorama retador para la política colombiana. Lo anterior se debe a que la deuda neta llegaría a cerca de 67,3 % del PIB”, de no tomarse dolorosos correctivos, como un fuerte recorte del gasto cuando más se necesita.

El gobierno ha estimado que la reconstrucción de Cali y del Eje cafetero puede costar el 30 % del PIB, lo que implicaría una sobrecarga sobre el recaudo tributario que el gobierno libertario se niega a reformar. Haciendo un cálculo burdo de extender ese costo durante una década, compartido con un aumento de la deuda pública, arrojaría la necesidad de aumentar el recaudo al menos en 2 % del PIB anual, que es de $473 billones. En plata blanca, el faltante se acercaría a los $5 billones cuando las reformas tributarias aprobadas en el pasado, por lo general, no aportan más de $3 billones adicionales al fisco.

Leonardo Urrea, profesor de la Universidad Nacional, agrega que “el ajuste que anuncia el gobierno es de 2,2 % del PIB, y el que haría falta para estabilizar la deuda llegaría a seis puntos. Y ese 4,8 % mide solo el desperdicio: no incluye el costo de asignar presupuestos por estándares históricos en lugar de por resultados”. Es claro que el presupuesto logrado en el pasado es el parámetro fundamental para proyectar el que es posible financiar en el presente y hacia el futuro.

El presupuesto para 2027 que el gobierno Petro llevó al Congreso fue de casi $576 billones. “El CARF mencionó que hubo inconsistencias entre los gastos que se incorporaron en dicha iniciativa (…) con sus respectivas fuentes de financiación. Las estimaciones del organismo dieron que el gasto primario, que estaba en dicho proyecto, superaba en $20,7 billones a lo que se previó en el Marco Fiscal de 2026”. El hueco déficit fiscal deterioraría aún más la reputación del país frente a sus acreedores.

La propuesta de Petro fue devuelta por las comisiones económicas del Congreso, algo que no se veía desde hace más de 20 años. El Gobierno De la Espriella llevó un nuevo plan fiscal, por la suma de $635 billones, $59,2 billones adicionales al proyecto de Petro. El nuevo déficit proyectado será de un enorme 9,7 % del PIB.

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