En la segunda semana de marzo la agencia Finch dio a conocer su calificación de la economía colombiana, que es de BBB, a la que le cambió su perspectiva de negativa a estable, observando que la economía frenó su deterioro. Entretanto, el precio del petróleo cayó 9 %, al evidenciarse un exceso de producción e inventarios de petróleo a nivel global; el recorte de la oferta lograda por los países miembros de la OPEC no hizo más que atraer al resto de países productores para aprovechar el precio que alcanzó a rondar los US$55 por barril.
La mejora de la perspectiva de Finch surge de la reducción de los tres desequilibrios macroeconómicos básicos del país: una caída del déficit externo (de 6,5 % del PIB en 2015 a 4,4 % en 2016), el déficit fiscal (4 % del PIB) no continuará su deterioro gracias a la reforma tributaria de diciembre y la inflación inició su senda descendente del pico alcanzado en julio del año pasado de 9 % a 5,7 % en diciembre de 2016.
La reducción del déficit externo se debió a la mejora de los precios de materias primas y a la devaluación del peso, pero también a la ralentización de la actividad económica a la que contribuyó la política monetaria contractiva. En enero de 2017 hubo un repunte de las exportaciones que se debió básicamente a los rubros de petróleo y café pues manufacturas y agropecuarias no despiertan. Como se dijo al principio, el mercado del petróleo tiende a la sobreproducción por los avances tecnológicos que se materializaron no sólo en la extracción de esquisto sino en pozos convencionales y de aguas profundas.
El deterioro externo tuvo consecuencias serias. Como lo expresa el informe de Finch, “el déficit externo y la gran depreciación del peso impactaron negativamente la métrica de la deuda: la deuda general del Gobierno alcanzó casi el 50 % del PIB en 2016, 10 % por encima del promedio de los países con calificación BBB”, lo cual será difícil de revertir en el mediano plazo. Es increíble que durante la larga bonanza externa que experimentó el país, el Gobierno se endeudara hasta el tuétano al optar simultáneamente por reducir impuestos y aumentar su gasto.
La agencia espera que el déficit fiscal se reduzca según el plan del Gobierno a 3,3 % del PIB en 2017, pero varios observadores han proyectado que en 2018 se necesitará otra reforma tributaria, en la medida en que la de diciembre de 2016 fue insuficiente y se marchiten varios impuestos. Ha sido irresponsable, por decir lo menos, aprobar impuestos temporales, como el de la riqueza que era progresivo, mientras que el déficit fiscal es estructural y medio se subsana con aumentos regresivos del IVA.
El acuerdo de paz mejora las expectativas sobre el futuro del país que abrirá nuevas oportunidades de inversión en agricultura y energía, aunque con fuertes presiones sobre el gasto público en los territorios antes controlados por la insurgencia que deben ser resistidas, según la agencia, hasta que se logre la consolidación fiscal.
Finch resume su perspectiva así: “la calificación que obtiene Colombia balancea su estructura de políticas flexibles y confiables, amortiguadores externos mejorados y un historial de estabilidad macroeconómica y financiera contra una alta dependencia en la exportación de materias primas, alta rigidez fiscal y carencias estructurales en términos de bajo producto por habitante y débil calidad de gobernanza”.
En la segunda semana de marzo la agencia Finch dio a conocer su calificación de la economía colombiana, que es de BBB, a la que le cambió su perspectiva de negativa a estable, observando que la economía frenó su deterioro. Entretanto, el precio del petróleo cayó 9 %, al evidenciarse un exceso de producción e inventarios de petróleo a nivel global; el recorte de la oferta lograda por los países miembros de la OPEC no hizo más que atraer al resto de países productores para aprovechar el precio que alcanzó a rondar los US$55 por barril.
La mejora de la perspectiva de Finch surge de la reducción de los tres desequilibrios macroeconómicos básicos del país: una caída del déficit externo (de 6,5 % del PIB en 2015 a 4,4 % en 2016), el déficit fiscal (4 % del PIB) no continuará su deterioro gracias a la reforma tributaria de diciembre y la inflación inició su senda descendente del pico alcanzado en julio del año pasado de 9 % a 5,7 % en diciembre de 2016.
La reducción del déficit externo se debió a la mejora de los precios de materias primas y a la devaluación del peso, pero también a la ralentización de la actividad económica a la que contribuyó la política monetaria contractiva. En enero de 2017 hubo un repunte de las exportaciones que se debió básicamente a los rubros de petróleo y café pues manufacturas y agropecuarias no despiertan. Como se dijo al principio, el mercado del petróleo tiende a la sobreproducción por los avances tecnológicos que se materializaron no sólo en la extracción de esquisto sino en pozos convencionales y de aguas profundas.
El deterioro externo tuvo consecuencias serias. Como lo expresa el informe de Finch, “el déficit externo y la gran depreciación del peso impactaron negativamente la métrica de la deuda: la deuda general del Gobierno alcanzó casi el 50 % del PIB en 2016, 10 % por encima del promedio de los países con calificación BBB”, lo cual será difícil de revertir en el mediano plazo. Es increíble que durante la larga bonanza externa que experimentó el país, el Gobierno se endeudara hasta el tuétano al optar simultáneamente por reducir impuestos y aumentar su gasto.
La agencia espera que el déficit fiscal se reduzca según el plan del Gobierno a 3,3 % del PIB en 2017, pero varios observadores han proyectado que en 2018 se necesitará otra reforma tributaria, en la medida en que la de diciembre de 2016 fue insuficiente y se marchiten varios impuestos. Ha sido irresponsable, por decir lo menos, aprobar impuestos temporales, como el de la riqueza que era progresivo, mientras que el déficit fiscal es estructural y medio se subsana con aumentos regresivos del IVA.
El acuerdo de paz mejora las expectativas sobre el futuro del país que abrirá nuevas oportunidades de inversión en agricultura y energía, aunque con fuertes presiones sobre el gasto público en los territorios antes controlados por la insurgencia que deben ser resistidas, según la agencia, hasta que se logre la consolidación fiscal.
Finch resume su perspectiva así: “la calificación que obtiene Colombia balancea su estructura de políticas flexibles y confiables, amortiguadores externos mejorados y un historial de estabilidad macroeconómica y financiera contra una alta dependencia en la exportación de materias primas, alta rigidez fiscal y carencias estructurales en términos de bajo producto por habitante y débil calidad de gobernanza”.