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Los fondos de pensiones privados administran $317 billones de nuestros ahorros que les salen baratos y les sirven para multiplicar su capital. El 60 % de esa suma se invierte en empresas colombianas, varias de propiedad de los mismos grupos financieros. Esa es una práctica abusiva que estuvo prohibida por ley hasta 2015, cuando se les permitió invertir en sus conglomerados o negocios, incluidos los de construcción e infraestructura que están plagados de riesgos. Es como si yo hiciera negocio con yo, y además fijando los precios que más me convengan.
El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), dueño del Fondo Protección, invirtió $23 billones en sus empresas —que incluyen a Bancolombia, Cementos Argos, Celsia, Nutresa y otras—, mientras que el Grupo AVAL de Sarmiento Angulo, dueño del Fondo Porvenir, invirtió $6 billones en sus bancos (Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas). Este mismo grupo desvió fondos hacia Episol, su empresa de construcción que, junto con Odebrecht y Corficolombiana, obtuvo la concesión de la Ruta del Sol II, después de pagar sobornos. La caída del puente de Chirajara y los retrasos y recargos en la vía al Llano, que se traducen en peajes muy costosos, son una muestra de las cargas que soporta la sociedad al dejar la construcción de autopistas en manos de los grupos financieros. Los bloqueos adelantados por los camioneros durante el paro nacional son el síntoma del malestar que resienten.
El ahorro de los afiliados que les llueve cada mes a las AFP es remunerado a muy bajo costo. Entre comisiones y supuestos seguros previsionales, las pensiones obligatorias tienen que abonar el 3 % de los aportes mensuales, mientras que el Gobierno se queda con otro 1,5 % que va a un fondo de garantías de pensión mínima. Así que del 16 % de retención de la nómina destinado a cubrir la pensión, a los afiliados sólo les queda un 11,5 % que el grupo invierte como más le convenga. En las pensiones voluntarias, Porvenir —para dar un ejemplo— se queda con una comisión según el saldo ahorrado: de casi el 4 % si es menor a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y del 1 % si ese saldo es de 33.400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que solo deben lograr muy pocos. Los costos de operación de los fondos son mínimos porque invierten de manera pasiva en índices establecidos; así, no deben pagar a financistas profesionales por administrar los aportes de sus clientes.
El negocio es un coto de caza cerrado, para solo cuatro fondos dominados por Sarmiento y el GEA; los más pequeños son Skandia (el único extranjero) y Colfondos. Si hubiese más competencia las comisiones caerían al 0,1 o al 0,2 %, como estimó un analista del portal financiero Bloomberg, y las pensiones que llegarían a los viejitos serían mucho mayores. Hoy las personas que han cotizado sobre un sueldo de $5,5 millones durante 30 años reciben $1,8 millones y, además, deben pagar a la EPS el 12 % de esa miseria sin contar la medicina prepagada. En algunos años tendremos a los pensionados manifestándose en las calles contra el sistema.
Según el portal Cuestión Pública, “la campaña Duque Presidente declaró ingresos por $33.277 millones. El Banco de Bogotá (Grupo AVAL) contribuyó a ellos en un 46 % mediante un crédito”. Un miembro de la junta directiva de Bancolombia hizo una donación más moderada. No debe sorprender que este Gobierno proponga una reforma al sistema de pensiones que no le hace cosquillas a los grupos financieros que de él se lucran.