Paz total

La política de paz del Gobierno Petro busca negociar y extinguir todos los conflictos existentes en la sociedad colombiana. Obviamente, es una política ambiciosa y disparatada. Negociar con la insurgencia del Eln no es lo mismo que actuar frente a organizaciones criminales como las autodenominadas disidencias de las Farc o la Nueva Marquetalia de Iván Márquez. Menos aún se puede negociar con organizaciones criminales como el Clan del Golfo que simplemente deben someterse a la justicia.

Se informa que representantes de Márquez y el comisionado de Paz del Gobierno adelantan conversaciones que pasan por un alto al fuego unilateral. No hay que olvidar que se trata de un dirigente que ya renegó de una compleja negociación de su antigua organización que terminó en un Acuerdo de Paz, demostrando que no cumple su palabra.

El comisionado de Paz de la administración Santos, Sergio Jaramillo, ha expresado que está muy bien volver a negociar los conflictos que azotan el país, tras cuatro años de torpe inoperancia de la administración Duque que permitió la acumulación de problemas. Sin embargo, el excomisionado objeta que el Gobierno Petro haga a un lado el proceso de paz pactado en 2016, que lo deje huérfano en vez de profundizarlo. Danilo Rueda, comisionado actual, dice que adelantará diálogos regionales con diferentes organizaciones por fuera de la ley, frente a lo cual el Eln expresó que no pueden “entrar en ese mismo costal” y que además no creen en una paz total.

Frente a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, el portavoz del Gobierno afirmó que “existe una real posibilidad de un cese al fuego unilateral”, pero falta por concretar lo más importante que es la dejación de armas, sin lo cual el proceso no puede adelantarse. Requiere además de una veeduría internacional. El mismo comisionado dijo que Márquez está enfermo o convaleciente y eso sugiere que no tiene el mando efectivo de esa organización. Las autodenominadas disidencias de las Farc cuentan con entre 1.000 y 1.500 hombres; ellas están más cerca de ser una organización criminal que política. Lo que hacen es proteger los cultivos ilícitos en el Meta, Nariño, Urabá, Arauca y Córdoba. El único camino frente a este tipo de grupos es el sometimiento a la justicia. Jaramillo afirma que hay un grave error de categoría al otorgar estatus político a grupos criminales con los que el comisionado de Paz no tiene razones para negociar.

Danilo Rueda también explicó que está en marcha un proceso de diálogos en 50 regiones del país para alcanzar la llamada paz total. Se trata de la figura de Diálogos Regionales Vinculantes, en los que Petro escuchará las principales preocupaciones de la ciudadanía, en temas de agua potable, infraestructura, seguridad y de nuevo paz total. Vinculantes puede sugerir que serán cumplidos por la administración.

Al Gobierno de Petro se le advierte el hambre de negociar, cuando al mismo tiempo ha debilitado la inteligencia de las Fuerzas Armadas por la purga de un número grande de generales y coroneles, tanto de la Policía como del Ejército. Tomará bastante tiempo para que se puedan reorganizar estos servicios esenciales; sin ellos, el Gobierno está operando a ciegas. Según Jaramillo, la inteligencia es fundamental para entender con quién se está negociando, con cuántos hombres en armas cuentan y de qué tipo de armamento disponen. Es así como en la paz total concurren muchos riesgos.