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EL ESTADO COLOMBIANO NO ES SOStenible hoy pues se apoya en una estructura tributaria ineficiente e inequitativa; mucho menos lo es cuando se le viene una recesión encima.
Por lo tanto, se requiere una reforma tributaria que aumente el ingreso del Gobierno sin lesionar a las capas bajas y medias de la población, manteniendo el incentivo a la inversión. Hay que reintroducir entonces el impuesto a los perceptores de intereses y de dividendos, reduciendo la tasa que deben pagar las empresas.
La seguridad se lleva hoy el 6,3% del PIB y debe estar financiada por impuestos permanentes, que deben recaer sobre la propiedad de los que más se han beneficiado con ella, que son los terratenientes del país. Por fuera de un impuesto al patrimonio y a las herencias (equitativos ambos), se debe pensar en que entre el IGAC (el instituto geográfico) y la DIAN organicen el cobro de un impuesto predial rural importante, con tasas punitivas para las tierras mal utilizadas, que se reparta entre municipios y la Nación. Esto es algo que se hace en Chile con buenos resultados.
Deben eliminarse todas las gabelas tributarias y contratos permanentes sobre ellas, que se concedieron de manera irresponsable y alegre en tiempos de vacas gordas. Con un déficit fiscal estructural que se mantuvo aun con un recaudo tributario de pleno empleo, tales exenciones no tienen presentación económica: contribuyen al desequilibrio explosivo de las cuentas del Gobierno. El desequilibrio fiscal aumenta la percepción de riesgo del país y ha contribuido a la extraordinaria devaluación del peso colombiano.
La estructura tributaria colombiana es tan obtusa, que incentiva el desempleo y la informalidad. Recostarse en los impuestos a la nómina para financiar Cajas de Compensación, Sena e ICBF es un exabrupto contra la equidad: contribuye a que más de la mitad de la población colombiana sea informal y pobre. Ellos deben eliminarse de urgencia y sus ingresos compensados con impuestos directos. Una simplificación de los impuestos indirectos también contribuiría a reducir la elusión y aumentaría el recaudo.
La política fiscal en tiempos de recesión debe ser expansiva, lo cual se dificulta porque el déficit fiscal del Gobierno se va a ampliar. Se va a reducir el recaudo tributario y la renta de Ecopetrol, al tiempo que aumenta el servicio de la deuda externa del Gobierno de US$30.000 millones. La deuda externa que antes nos parecía pequeña, hoy con un peso devaluado que hace valer un dólar $750 pesos adicionales, va a inducir un fenomenal freno al gasto público en bienes y servicios colombianos.
El Banco de la República entre tanto tiene amplia munición para enfrentar la crisis: puede reducir progresivamente sus intereses del 10% actual al 1 o 2% y desmontar el encaje que hoy congela el 8% de los depósitos del público en el sistema financiero. Debe intervenir activamente en el mercado cambiario liquidando parte de su exceso de reservas para impedir que se devalúe tanto el peso colombiano, algo que no le gustará al Presidente.
Una vez que el Gobierno adopte un sistema tributario que lo sostenga adecuadamente en el largo plazo y que se acuse una deflación de precios, el Banco Central le podría prestar al Gobierno una suma equivalente a varios puntos del PIB, con bajos intereses, pero que debe pagar de vuelta.
*Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano
Cuña: columnas anteriores y ensayos están colgados en http://www.salomonkalmanovitz.com
