El enfrentamiento entre la extrema derecha de Uribe-Duque y la izquierda de Petro puede producir una hecatombe institucional. Ambos pretenden cambiar la Constitución para adaptarla a sus intereses de largo plazo y no a los intereses ciudadanos. El primero logró cambiar la Constitución para reelegirse en 2006 y lo intentó nuevamente para perpetuarse en el poder. Gracias a la Corte Constitucional de ese momento, nos libramos de esa suerte, algo con que nos amenaza nuevamente si su álter eguito es elegido.
Duque se propone reformar la justicia, aduciendo su corrupción que fue perpetrada, entre otros, por magistrados uribistas. Se trata de eliminar la Corte Constitucional y volver a la organización de la Constitución de 1886, de una sola corte suprema, dotada de salas especializadas, la que sirvió para perseguir a la oposición liberal hasta la reforma de 1910, que les quitó el carácter vitalicio a los magistrados y les restó el carácter unipartidista a sus nombramientos. La reforma hoy serviría para absolver a muchos funcionarios que participaron en la enorme corrupción de la era uribista, a él mismo y a varios de sus familiares y amigos por delitos asociados con el paramilitarismo. Por eso también busca sacar la Justicia Especial de Paz de la palestra que ha nombrado a magistrados competentes e independientes de los partidos.
Uno de los puntos que preocupan del programa de Duque es que busca establecer un sistema de espionaje masivo sobre la población: “Necesitamos un sistema de denuncias y seguimiento modernizado con herramientas de big data y sistemas de monitoreo electrónico para potenciar la efectividad de las autoridades”. ¡Qué susto!
Petro propone implementar “un nuevo pacto social y político, con amplia participación de todos los sectores y ciudadanías, para superar definitivamente la guerra, para edificar una justicia autónoma y al alcance de la gente, para vencer la corrupción”. Siempre preocupan los que pretenden refundar la patria, que es lo que significa un nuevo pacto social, distinto al logrado en la Constitución de 1991. Creo que sería un presidente débil si alcanzara el triunfo, pues no tendría el apoyo legislativo para hacer un referendo que cambie la Constitución, pero le podría hacer el juego a Uribe, quien lo aprovecharía para avanzar sus intereses. Si no triunfa esta vez, quedaría fortalecido para intentarlo de nuevo en 2022 y podría terminar constitucionalizando su visión de izquierda para siempre.
Fajardo es garantía de una Presidencia libre de corruptos que se roban la plata, financiados por contratistas que no terminan las obras o las hacen mal. Para lograrlo es necesario cambiar la política, que hoy la hacen partidos que corrompen el sistema electoral y que traicionan las promesas que les hacen a sus electores.
Frente a la justicia, Fajardo propone recuperar la confianza. “Las altas cortes, que deberían ser el faro ético y la conciencia de la nación, hoy en día están manchadas por la corrupción y el clientelismo. La reforma que impulsaremos va a enfrentar la ausencia de justicia para los poderosos. Podemos hacerlo sin acudir a una constituyente. Vamos a reemplazar la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por una comisión de aforados, en la que personas técnicas, elegidas por mérito, hagan la investigación y acusación de los poderosos. Ampliaremos los períodos de los magistrados y promoveremos que más académicos lleguen a las cortes”.
El enfrentamiento entre la extrema derecha de Uribe-Duque y la izquierda de Petro puede producir una hecatombe institucional. Ambos pretenden cambiar la Constitución para adaptarla a sus intereses de largo plazo y no a los intereses ciudadanos. El primero logró cambiar la Constitución para reelegirse en 2006 y lo intentó nuevamente para perpetuarse en el poder. Gracias a la Corte Constitucional de ese momento, nos libramos de esa suerte, algo con que nos amenaza nuevamente si su álter eguito es elegido.
Duque se propone reformar la justicia, aduciendo su corrupción que fue perpetrada, entre otros, por magistrados uribistas. Se trata de eliminar la Corte Constitucional y volver a la organización de la Constitución de 1886, de una sola corte suprema, dotada de salas especializadas, la que sirvió para perseguir a la oposición liberal hasta la reforma de 1910, que les quitó el carácter vitalicio a los magistrados y les restó el carácter unipartidista a sus nombramientos. La reforma hoy serviría para absolver a muchos funcionarios que participaron en la enorme corrupción de la era uribista, a él mismo y a varios de sus familiares y amigos por delitos asociados con el paramilitarismo. Por eso también busca sacar la Justicia Especial de Paz de la palestra que ha nombrado a magistrados competentes e independientes de los partidos.
Uno de los puntos que preocupan del programa de Duque es que busca establecer un sistema de espionaje masivo sobre la población: “Necesitamos un sistema de denuncias y seguimiento modernizado con herramientas de big data y sistemas de monitoreo electrónico para potenciar la efectividad de las autoridades”. ¡Qué susto!
Petro propone implementar “un nuevo pacto social y político, con amplia participación de todos los sectores y ciudadanías, para superar definitivamente la guerra, para edificar una justicia autónoma y al alcance de la gente, para vencer la corrupción”. Siempre preocupan los que pretenden refundar la patria, que es lo que significa un nuevo pacto social, distinto al logrado en la Constitución de 1991. Creo que sería un presidente débil si alcanzara el triunfo, pues no tendría el apoyo legislativo para hacer un referendo que cambie la Constitución, pero le podría hacer el juego a Uribe, quien lo aprovecharía para avanzar sus intereses. Si no triunfa esta vez, quedaría fortalecido para intentarlo de nuevo en 2022 y podría terminar constitucionalizando su visión de izquierda para siempre.
Fajardo es garantía de una Presidencia libre de corruptos que se roban la plata, financiados por contratistas que no terminan las obras o las hacen mal. Para lograrlo es necesario cambiar la política, que hoy la hacen partidos que corrompen el sistema electoral y que traicionan las promesas que les hacen a sus electores.
Frente a la justicia, Fajardo propone recuperar la confianza. “Las altas cortes, que deberían ser el faro ético y la conciencia de la nación, hoy en día están manchadas por la corrupción y el clientelismo. La reforma que impulsaremos va a enfrentar la ausencia de justicia para los poderosos. Podemos hacerlo sin acudir a una constituyente. Vamos a reemplazar la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por una comisión de aforados, en la que personas técnicas, elegidas por mérito, hagan la investigación y acusación de los poderosos. Ampliaremos los períodos de los magistrados y promoveremos que más académicos lleguen a las cortes”.