En su reunión del 31 de octubre, la junta directiva del Banco de la República tomó la decisión de mantener su tasa de interés en 9,25 %. Frente a una inflación de 5,2 % y una tasa real de 4 %, se trata de un freno moderado al crecimiento de la economía que se espera que alcance 2,7 % en 2025. Esta expansión es la más alta que ha alcanzado el país en lo que va del gobierno de Gustavo Petro. En efecto, el crecimiento en 2023 y 2024 promedió solo 1,6 %, resultado mediocre frente al crecimiento que ha caracterizado al país en el pasado: casi tres veces superior al obtenido por Petro. El resultado está por debajo de las aspiraciones del Pacto Histórico, pero es que no ha existido una política económica anticíclica que suavice las oscilaciones de la economía e impulse el crecimiento.
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Uno de los factores considerados por los codirectores del banco central para tomar la decisión restrictiva fue el de un déficit fiscal excesivo que rondará 8 % del PIB, superando la proyección del gobierno que lo colocaba en 7,1 % del producto, pero quizás lo ayude a reelegirse. Esto significa que el gasto público está ejerciendo una demanda muy fuerte sobre los bienes y servicios producidos, lo que redunda en que la inflación haya aumentado a un 5,2 % en lo corrido del año, por encima de la meta del Banco de la República.
El gobierno está pagando tasas de interés del 13 % anual, ¡equivalente a un 8 % real! pues existe riesgo crediticio o de no pago de sus obligaciones. Este riesgo se expresa en la tasa de interés aludida que debe pagar el gobierno a sus acreedores. El riesgo país surge de varios factores: un crecimiento lento, impulsado por el mercado interno; una inflación persistente que obliga al banco central a mantener altas tasas de interés; una dependencia excesiva en las exportaciones de petróleo cuyas oscilaciones de precios le agregan volatilidad al precio del dólar, que alcanzaba $ 3.857 a la fecha, en una senda de apreciación. El fortalecimiento del peso es nocivo para las exportaciones no petroleras (la mitad del total) y para la producción nacional que compite con las importaciones. A esto se suma una deuda externa creciente que alcanza más del 49 % del PIB.
El crecimiento alcanzado ha sido resultado de un mayor consumo privado, sobre todo en lo corrido del presente año, pero en especial del mayor gasto público. Este tiene el inconveniente de agregar presión inflacionaria a la economía, a la vez que desplaza la actividad privada. Los sectores más beneficiados han sido el comercio, el transporte y los servicios financieros. Los factores que han frenado el crecimiento son el letargo en la inversión privada, sobre todo con relación a la construcción a la que le han faltado programas públicos que la incentiven, siendo un sector que es intensivo en mano de obra.
Las actividades primarias como la minería han mostrado una fuerte contracción de más de 10 %, a la cual no ayuda la ideología verde del presidente, pero la agricultura tuvo un buen comportamiento. En efecto, el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 5,3 % en el primer semestre del año liderado por la producción de cacao (33 %) y de café pergamino también de 33 %, que se benefició de los altos precios internacionales del grano. El precio internacional alcanzó el 31 de octubre 4,25 dólares por libra, lo cual es muy favorable para el cultivador y para la Federación que los agrupa.
Por otra parte, persisten riesgos a la seguridad del país con amplios territorios controlados por grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y los Pachencas; otras poderosas bandas urbanas son fuente de inseguridad adicional. El gobierno del Pacto Histórico no parece confiar mucho en las fuerzas armadas del país, por lo cual no se ha preocupado lo suficiente en mantenerlas debidamente financiadas y pertrechadas para enfrentar tales amenazas.
