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En momentos de crisis se prueba el carácter de los gobernantes. Petro no pasó la prueba que impuso el paro camionero: fue evasivo y no reconoció las protestas de los manifestantes que paralizaron al país durante casi cuatro días. No invitó a la calma y al diálogo, sino que buscó alarmar a los ciudadanos. Vestido completamente de negro, denunció presuntos complots de una potencia extranjera, Israel, para vigilarlo a él y a los funcionarios del gobierno mediante un programa informático llamado Pegasus. Se trató de una cortina de humo para los acuciantes problemas creados por el paro, que logró paralizar totalmente al país.
El programa israelí fue adquirido por el gobierno Duque, más precisamente por la Policía Nacional, por 13 millones de dólares en un mercado que cuenta con opciones europeas, rusas y chinas, y que sirve para prevenir ataques terroristas que, en el caso colombiano, pueden perpetrar tanto movimientos guerrilleros como grupos paramilitares. Petro le agregó un tinte siniestro que surge de su mente febril, cuando les endilga a sus adversarios insultos atroces como “muñecas de la mafia” o “cuasiputas”, o los acusa de ser agentes de la inteligencia israelí, el Mossad. Uno se pregunta cómo un presidente que se dice progresista puede macartizar e insultar de manera tan hiriente a sus opositores, exponiéndolos a retaliaciones violentas por parte de sus seguidores. Uno se pregunta también dónde está el estadista que se espera de quien ocupa la primera magistratura del país. No lo encuentra, pero sí al camorrista, al peleador callejero.
El mandatario advirtió, antes de su alocución, que no tenía relación con la situación del país, el cual soportó una protesta que pudo costarle a la economía la producción de 3 o 4 días laborables, e incluso más si se agregan los costos de la inercia de retomar actividades durante un viernes y la mañana de un sábado. Si se tiene en cuenta que en 2024 hay 246 días hábiles, las pérdidas serían del orden del 6 % del PIB anual, unos $80 billones, si no hay compensación de horas extras o trabajo en feriados, ambos más costosos que los de la jornada laboral normal.
Un gobierno previsor hubiera negociado con los camioneros antes de que realizaran la suspensión de sus actividades. La desidia del gobierno frente a la protesta prolongó la parálisis y los costos que tuvo que asumir la economía. Estos costos incluyeron pérdidas en los sectores avícola, porcícola y ganadero, además de cosechas marchitas, trancones monumentales, consumo adicional de diésel y gasolina, y el lucro cesante que tuvieron que absorber miles de negocios. La magnitud de la protesta hizo que el gobierno cediera en el grueso de las demandas de los dirigentes del gremio. Echó para atrás el aumento de $1.904 por galón de diésel y lo dejó en $800 hasta diciembre, cuando se decida de forma “concertada” el precio que regirá en 2025. Sin embargo, el presidente se felicitó: “hemos logrado, más rápido de lo que pensaban (sic), y de la mejor manera, el paro camionero”.
El gobierno Petro seguramente aspira a prolongar el mandato de su coalición, conformada por Comunes, Colombia Humana, Unión Patriótica-Partido Comunista y Polo Democrático Alternativo, para continuar su transformación social. No la tiene fácil: según la encuesta de Emporia Consultores del 5 de septiembre, Petro cuenta con un rechazo del 62 %. En la reciente encuesta de Invamer le va peor, con un 66 % de desaprobación.
