El Gobierno se apresta a presentar una tercera reforma tributaria que disfraza con el nombre engañoso de “reforma fiscal”. Insiste en que hay que gravar el consumo de los colombianos y que además es justo porque los ricos consumen mucho y pagarán más de lo que están acostumbrados. Se trata de una falacia porque los pobres pagarán una parte mayor de su magro ingreso, mientras que a los ricos no les hará cosquillas. Se impondrá una tarifa del 19 % sobre muchos alimentos básicos que hoy tienen recargos menores. Prometen que van a devolver el IVA a dos millones de hogares pobres, pero la Encuesta de Hogares de 2019 informaba de 4,3 millones de hogares vulnerables, cifra que debió aumentar exponencialmente por la pandemia
El Gobierno justifica las exenciones de impuestos a los ricos porque terminan financiando más inversión, más crecimiento y empleo. Se trata de otra falacia: las condiciones que determinan la inversión son la rentabilidad esperada y el crecimiento de la demanda agregada, innovaciones tecnológicas y, en nuestro caso, un auge sostenido en el valor de nuestras exportaciones. Si bien una menor tributación aumenta los fondos de que disponen las empresas, estos se pueden distribuir en mayores dividendos, fuga de capital y aumento del consumo suntuario de sus propietarios. Esto ha sido confirmado por estudios hechos después de recortes de impuestos en muchos países que en su mayor parte no indujeron rachas de inversión.
La devolución de impuestos que hizo el gobierno Duque en 2019 no condujo a nuevas inversiones, obviamente porque la pandemia que se inició en febrero de 2020 destruyó mucho tejido empresarial e hizo colapsar la demanda agregada. Este año deberá ser un proceso de reconstrucción de parte de esas empresas que cerraron o se debilitaron, aunque muchas no volverán a la vida. La demanda se irá restaurando en la medida en que se retomen actividades, pero no lo ha hecho hasta el momento. En 2020 la tasa de desempleo fue de casi 16 % de la población económicamente activa (PEA); el registro de enero de 2021 empeoró mucho al ubicarse en el 17,3 % de la PEA (nacional), pero en áreas metropolitanas fue un espantoso 19,5 %.
En 2020 el recaudo tributario fue de $146 billones, $11 billones menos que en 2019. En 2021 las declaraciones de renta van a reflejar los cierres de sectores y empresas del año pasado, como también las caídas en el empleo; en consecuencia, el recaudo tributario debe reducirse de nuevo. Mientras tanto, el gasto público tuvo que ampliarse para atender las necesidades del sector salud y de la reactivación, dando lugar a un déficit fiscal de 8,2 % del PIB que hizo aumentar la deuda pública a dos tercios de la riqueza anual producida.
El Gobierno confía en que el Congreso le apruebe, en vísperas de elecciones, impuestos adicionales por unos $20 billones, con lo que quedaríamos tal como estábamos antes de la reforma de 2019 que le devolvió $10 billones a los contribuyentes más ricos. Se necesitan en verdad $40 billones como mínimo.
La administración Duque recibió un premio de consolación: el Banco de la República le aportó $6 billones (0,5 % del PIB) que fueron parte de las utilidades que obtuvo del manejo de las reservas internacionales, reflejo de las bajas tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, este año se produjeron alzas en los tipos de interés que afectarán la valorización de las reservas del banco central y, por lo tanto, tampoco habrá premio el año entrante.
El Gobierno se apresta a presentar una tercera reforma tributaria que disfraza con el nombre engañoso de “reforma fiscal”. Insiste en que hay que gravar el consumo de los colombianos y que además es justo porque los ricos consumen mucho y pagarán más de lo que están acostumbrados. Se trata de una falacia porque los pobres pagarán una parte mayor de su magro ingreso, mientras que a los ricos no les hará cosquillas. Se impondrá una tarifa del 19 % sobre muchos alimentos básicos que hoy tienen recargos menores. Prometen que van a devolver el IVA a dos millones de hogares pobres, pero la Encuesta de Hogares de 2019 informaba de 4,3 millones de hogares vulnerables, cifra que debió aumentar exponencialmente por la pandemia
El Gobierno justifica las exenciones de impuestos a los ricos porque terminan financiando más inversión, más crecimiento y empleo. Se trata de otra falacia: las condiciones que determinan la inversión son la rentabilidad esperada y el crecimiento de la demanda agregada, innovaciones tecnológicas y, en nuestro caso, un auge sostenido en el valor de nuestras exportaciones. Si bien una menor tributación aumenta los fondos de que disponen las empresas, estos se pueden distribuir en mayores dividendos, fuga de capital y aumento del consumo suntuario de sus propietarios. Esto ha sido confirmado por estudios hechos después de recortes de impuestos en muchos países que en su mayor parte no indujeron rachas de inversión.
La devolución de impuestos que hizo el gobierno Duque en 2019 no condujo a nuevas inversiones, obviamente porque la pandemia que se inició en febrero de 2020 destruyó mucho tejido empresarial e hizo colapsar la demanda agregada. Este año deberá ser un proceso de reconstrucción de parte de esas empresas que cerraron o se debilitaron, aunque muchas no volverán a la vida. La demanda se irá restaurando en la medida en que se retomen actividades, pero no lo ha hecho hasta el momento. En 2020 la tasa de desempleo fue de casi 16 % de la población económicamente activa (PEA); el registro de enero de 2021 empeoró mucho al ubicarse en el 17,3 % de la PEA (nacional), pero en áreas metropolitanas fue un espantoso 19,5 %.
En 2020 el recaudo tributario fue de $146 billones, $11 billones menos que en 2019. En 2021 las declaraciones de renta van a reflejar los cierres de sectores y empresas del año pasado, como también las caídas en el empleo; en consecuencia, el recaudo tributario debe reducirse de nuevo. Mientras tanto, el gasto público tuvo que ampliarse para atender las necesidades del sector salud y de la reactivación, dando lugar a un déficit fiscal de 8,2 % del PIB que hizo aumentar la deuda pública a dos tercios de la riqueza anual producida.
El Gobierno confía en que el Congreso le apruebe, en vísperas de elecciones, impuestos adicionales por unos $20 billones, con lo que quedaríamos tal como estábamos antes de la reforma de 2019 que le devolvió $10 billones a los contribuyentes más ricos. Se necesitan en verdad $40 billones como mínimo.
La administración Duque recibió un premio de consolación: el Banco de la República le aportó $6 billones (0,5 % del PIB) que fueron parte de las utilidades que obtuvo del manejo de las reservas internacionales, reflejo de las bajas tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, este año se produjeron alzas en los tipos de interés que afectarán la valorización de las reservas del banco central y, por lo tanto, tampoco habrá premio el año entrante.