Reforma tributaria 2.0

El Congreso pupitreó la propuesta tributaria del Gobierno sin tener en cuenta a la oposición. La tarea más trascendental de los representantes del pueblo es debatir a fondo los impuestos que deben pagar los ciudadanos, pero este Congreso la ha desnaturalizado y la ha vuelto banal. Tal Congreso es el “notario del Gobierno”, dijo Iván Marulanda, del Partido Verde. Con descaro y desvergüenza, hay que decirlo, hace lo que le pide Duque a cambio de la mermelada que reparte a raudales, que alimenta las fauces del Partido Liberal y Cambio Radical.

En 2020 la economía decreció casi un 7 %, el 70 % de la población cayó en la pobreza o está cerca de ella. Colombia hoy tiene 22 millones de pobres, 7,5 millones en pobreza extrema. La tasa de participación laboral se redujo del 64 % en tiempos normales al 60 %, acusando la falta de oportunidades y mercados para sus bienes y servicios.

La tasa de desempleo fue del 14,3 % en julio, pero la de las mujeres alcanzó el 19,1 % y la de los jóvenes llegó al 23,3 %. Esas cifras son mejores que las registradas en el tope de la pandemia, pero muestran cuán lejos estamos de volver al nivel de 2019, cuando el desempleo era del 10 % de la fuerza de trabajo. Hoy Cúcuta tiene un 20,4 % de desempleo y un 14,2 % de subempleo, término técnico que describe la informalidad. Cali llegó a un 20,2 % de desempleo abierto y a un subempleo de más del 12 %; no debe sorprender que allí fuera tan violento el paro de abril de 2021. Bogotá tiene un desempleo del 17 % y un subempleo del 9,3 %, menos malos pero también muy altos. Para rematar, la inflación se recrudeció y se elevó al 4,4 % anual, más del doble del porcentaje de mediados de 2020, lo que redujo aún más la capacidad de compra de los consumidores.

El presidente de la ANDI —la corporación que representa a la gran industria— le dio al Gobierno una señal para que le subiera los impuestos. Ante la furia popular que desató la torpe y abusiva reforma tributaria de Carrasquilla, el Gobierno aceptó gustoso y procedió a elevar la tasa nominal de tributación empresarial al 35 % para toda actividad industrial, sin importar si es grande, mediana, pequeña o micro, ignorando todo rasgo de justicia. No fueron tocados el IVA ni el impuesto de renta de personas naturales, que concentran el grueso de la riqueza del país. Algo que merece aplauso es la iniciativa legislativa de una sobretasa de tres puntos al sector financiero, que aportaría casi medio billón de pesos al año; pero, como de costumbre, será temporal: hasta 2025.

Entre febrero y octubre del año pasado quebraron 500.000 microempresas. La ayuda del Gobierno fue insuficiente o simplemente no llegó. Ante esta desesperada situación la reforma tributaria de Duque les asesta la estocada final con el aumento exorbitante de su tasa de tributación, que no pueden enfrentar con el séquito de abogados y funcionarios de que disponen las grandes empresas del país, que les permite eludir impuestos.

El Gobierno espera recaudar $15,2 billones, que según el Partido Verde es la mitad de lo que se requiere para financiar una renta básica universal y las necesidades del sistema de salud. Y aumentan los privilegios y exenciones del régimen simple, hacia el que están migrando todas las empresas que tienen la influencia y el poder para lograrlo.