LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS zonas de conflicto se ha vuelto un laberinto muy complejo.
El desplazamiento provocado por la estrategias terroristas de los grupos ilegales y la retirada de las guerrillas de tantas zonas del país fue seguida por una nube de inversionistas que compraron barato la propiedad de los que huían, apoyados por grupos de jueces, notarios y funcionarios públicos procaces. Algunos predios han sido traspasados en varias rondas a nuevos propietarios. Como lo sintetizó un jefe paramilitar: “Mientras unos mataban, otros compraban y por fin otros legalizaban”.
La guerrilla también desplazó población que creía apoyaba a los paras o al Gobierno y expropió miles de fincas grandes y medianas que entregó a sus mandos y a sus testaferros, aunque deben tener mayores problemas a la hora de legalizar sus bienes mal habidos.
Hubo al menos cuatro millones de hectáreas que los campesinos abandonaron o vendieron a menos precio. Según una encuesta de la Comisión de Seguimiento al Desplazamiento Forzado, una quinta parte de las 750.000 familias desplazadas no contaban con escrituras registradas y otro tercio no había registrado su título o era imperfecto (promesa o contrato de compraventa), revelando un alto grado de informalidad en la posesión de la tierra.
El Gobierno enfrenta entonces una situación confusa en torno a los derechos de propiedad cuando trata de expedir una ley de tierras que permita la restitución de los campesinos o familiares que quieran volver a sus antiguos territorios. Es probable que los desplazados de hace 30 ó 20 años no quieran volver a sus parcelas, en cuyo caso le corresponde al Gobierno compensarlos adecuadamente por los bienes inmuebles y muebles que les fueron arrebatados. La mayor parte de los desplazados acusan pérdidas grandes por lucro cesante y se debaten en condiciones de miseria e indigencia.
La ley propuesta tiene problemas serios que limitan su acción. En primer término, se pretende que el proyecto no resulte costoso para el Estado, aduciendo que no cuenta con recursos del presupuesto. De esta manera se busca evadir los pagos emergentes de buena parte de la población que no quiere volver a sus heredades, pero que deben ser indemnizada por no haber contado con la protección que se le debía a su vida y a su propiedad.
Para ello, se hace el corte del inicio del desplazamiento entre 1993 y 2011, lo cual excluye a una parte muy grande de las víctimas. En efecto, el conflicto colombiano se recrudeció con mucha fuerza a partir de 1984, cuando se desata el narcoterrorismo, se crean y entrenan los grupos paramilitares, y las guerrillas aumentan su poder y accionar apoyadas en el cultivo de coca, en la extorsión y el secuestro. Se comienzan a dar las masacres con enorme sevicia, que son señales macabras para que los campesinos huyan de sus fincas.
Otro elemento de la ley que pretende disminuir el costo de la restitución es que excluye bienes muebles que eran fundamentales en la generación de los ingresos que percibían las familias campesinas y que también le fueron arrebatados. Para rematar, el cambio constitucional que representa la regla fiscal trata de rehusar arbitrariamente la responsabilidad del Estado en las compensaciones que le corresponden. Es así como el Gobierno se traza una regla injusta para evadir esa enorme responsabilidad histórica, en vez de aumentar el recaudo tributario para enfrentarla.
