LA RIQUEZA DE LOS ESTADOS MODERnos se consolidó para enfrentar las guerras en que se comprometían.
La tributación alcanzó altas cotas y la obligación de tributar se tornó ineludible: quien evadiera podía ser acusado de traición a la patria con las penas consecuentes y la posibilidad de ser expropiado.
Las guerras también demandaron un impuesto de sangre de toda la población en edad de combatir de cada país. El reclutamiento no excluía a los jóvenes ricos y los patricios debían ser especialmente visibles, como símbolos de la unidad nacional en momentos de peligro. Una vez culminadas las guerras, se mantuvo en parte el espacio fiscal construido que fue dedicado a compensar los sacrificios que habían hecho las clases inferiores de la sociedad, mediante gastos en salud y educación.
Colombia enfrenta un largo conflicto interno que ha servido de alguna manera para elevar la tributación, en aras de fortalecer la seguridad. El recaudo tributario en 1990 era alrededor de 10% del PIB y alcanzó 16% en 2007, antes de que se comenzara a devolver impuestos y hoy ronda 14,5% del PIB.
El esfuerzo tributario no ha sido suficiente para financiar todos los fines misionales del Estado. La evasión en Colombia no es punible con cárcel y es, por lo tanto, enorme. El gasto en seguridad abarca hoy 6,5% del PIB, casi 30% del presupuesto nacional, comprimiendo los rubros correspondientes a inversión, educación y salud, a la vez que se requiere de un endeudamiento creciente porque los ingresos no alcanzan siquiera para financiar el gasto corriente de la Nación.
Un esfuerzo tributario particular, el impuesto al patrimonio, ha sido legislado contra empresas con cierto límite apreciable de $3.000 millones de riqueza acumulada, permitiendo que las personas naturales, dueñas de tierras, inmuebles y negocios no colaboren con el esfuerzo por pagar la seguridad de ellos mismos. Se trata además de un impuesto distorsionante que termina pagando el consumidor y que técnicamente debía recaer sobre el patrimonio de las personas. Sería además mucho más progresivo si se pagara de acuerdo con el principio de que a mayor riqueza mayor tributo.
El Plan Colombia del gobierno norteamericano ha aportado sumas apreciables, hasta 700 millones de dólares al año, que vienen marchitándose rápidamente. Aunque sólo alcanzara 0.3% del PIB, su aporte tecnológico y organizativo para las Fuerzas Armadas colombianas fue crucial. La ayuda tuvo un impacto contraproducente que fue motivar pereza tributaria para pagar la cuota de guerra que nos correspondía. Ahora se requiere sustituirlo con esfuerzo propio.
Aunque en teoría en Colombia hay conscripción universal, los soldados bachilleres no son llevados al campo de operaciones; la peligrosa tarea recae entonces sobre los combatientes profesionales y los reclutas que llegan de las clases pobres. El establecimiento no se siente obligado tampoco a compensar el sacrificio que deben hacer los involucrados en el conflicto, en especial a los que reciben una paga por combatir.
Aunque la guerra con la insurgencia está lejos de terminarse, tuvimos el exabrupto del pasado gobierno que hizo una reducción del esfuerzo fiscal de los más ricos. Lo que se hace necesario, por el contrario, es multiplicar el esfuerzo tributario de todos y que, si se negocia la paz, se utilice el margen fiscal alcanzado para compensar a los más afectados por el conflicto.
