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Una vez elegido en 2017, Trump se propuso expulsar de Estados Unidos entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados, logrando deportar a uno y medio millón de personas durante su período de cuatro años. En esta ocasión, el presidente recién electo ha dicho que quiere deportar a todas las personas viviendo ilegalmente en su país. Según el diario Washington Post “sus amenazas han alarmado a las comunidades de inmigrantes y despertado preocupación en las empresas sobre el impacto potencial que pueda tener sobre la fuerza laboral norteamericana y la economía en general”.
No es para menos: la economía norteamericana está disfrutando de un largo auge económico, gracias a esta plétora laboral, y la tasa de desempleo registra solo un 4 % de la fuerza de trabajo. Esto augura que si se expulsa a parte de la mano de obra inmigrada, el efecto se sentirá en un alza de los salarios reales en toda la geografía del gran país.
En 2024, las autoridades migratorias deportaron a más de 270.000 personas, cifra que se compara baja frente a los más de 409.000 que fueron expulsadas en 2012 durante la primera administración Obama. Sin embargo, hay más de 435.000 inmigrantes que están sirviendo sentencias en cárceles de Estados Unidos que serán deportados apenas cumplan sus sentencias. Hay, además, 1,4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación tras no haber podido calificar para obtener estatus legal de protección, pero muchos de ellos no serán aceptados por sus países de origen y otros han sido víctimas de persecución por sus gobiernos; se vería muy mal que un país que se dice cuna de la democracia quiera enviarlos de vuelta a las cárceles que les esperan. La administración Biden anunció una extensión por 18 meses para ciudadanos de Venezuela, El Salvador y Ucrania, que representan el 80 % de los que gozan de estatus de protección. Si Trump se niega a renovárselos, podrían ser sujetos de arresto por las autoridades norteamericanas. En tope de todo existen casi 6 millones de migrantes que entraron al país durante la administración Biden y que reclaman un permiso pendiente de inmigración o un estatus provisional, un perdón humanitario que Trump podría revocar tras su posesión el 20 de enero.
El amplio margen con el que ganó las elecciones ha empoderado a Trump, que se propone imponer sus políticas y funcionarios frente a un partido demócrata desorientado que apenas se reorganiza para presentar oposición a las medidas del gobierno. Trump pudo imponer el nombramiento de un funcionario denunciado de acosador, cargo que también pende sobre el propio presidente electo, pero que no puede ser investigado por la inmunidad que le confiere el poder presidencial.
Trump ha llegado con amenazas de imponer aranceles contra países que él considere no se esfuerzan lo suficiente en detener la emigración de sus nacionales hacia Estados Unidos o que no actúan eficazmente en la lucha contra el narcotráfico, algo que podría enredar a Colombia. Se trata de las medidas tomadas por la administración Petro de cancelar la fumigación de las plantaciones de coca y que podrían afectar las exportaciones de bienes manufacturados con sobrecargas de 10 y 20 % sobre sus valores, que les harían perder mercados ganados con mucho esfuerzo.
Estamos entrando entonces al mundo raro de Trump del fin de la cooperación de su imperio con el resto del mundo, donde sin importar las razones o las evidencias pasa a castigar a los que considera infractores de los intereses norteamericanos aplicando restricciones a la entrada de sus personas, bienes y servicios en su territorio. Se puede tratar también de restringir las visas de turismo y de negocios de los ciudadanos colombianos y latinoamericanos que considere como portadores de riesgo para los intereses del gran país del norte.
