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La nueva propuesta tributaria del Gobierno está pensada para no ofender. No molesta a Álvaro Uribe al dejar en pie sus exenciones y favoritismos: zonas francas, hoteles y negocios agroindustriales continúan pagando tarifas preferenciales del 9 % para hoteles o 15 % para las otras; siguen los tres días sin IVA que favorecen la adquisición de electrodomésticos, celulares y juegos, todos importados, e incluyen elementos deportivos y hasta insumos agropecuarios, cuyo costo para el fisco (y nosotros) alcanza más de $350.000 millones.
La reforma tampoco ofende a los pobres, a la clase media o a los pensionados que salieron al combate contra los excesos de IVA y aumentos de impuesto de renta en la abortada reforma de Carrasquilla. Tampoco molesta a los ricos en sus patrimonios, ni en sus ingresos, ni en sus ganancias ocasionales. Con todo, la reforma anula $10,5 billones concedidos graciosamente por el estatuto tributario aprobado en 2019 que se compensa ahora contra el balance de las empresas.
La reforma retira la mitad del impuesto de industria y comercio, que le aporta $3,9 billones al fisco que antes asumía el Gobierno central sin ton ni son: puede motivar a los alcaldes a aumentar las tarifas pues papá Gobierno asume el grueso del impuesto. El golpe lo van a recibir las empresas a las que se les eleva su tarifa impositiva del 30 al 35 % de sus utilidades, que les representa unos $6,7 billones, algo que los presidentes de sus gremios están dispuestos a asumir. El ministro Restrepo dijo que el 40 % de las necesidades de recursos de la reforma provendrá del plan de austeridad del Gobierno y de la lucha contra la evasión, lo cual es pensar con el deseo.
Se establece una sobretasa financiera temporal de tres puntos porcentuales sólo hasta 2025, con la que se lograría captar unos $400.000 millones, pero debiera ser permanente pues es un impuesto progresivo y justo. Se plantea recaudar otros $300.000 millones en 2021 y $460.000 millones en 2022 con la normalización tributaria para los que declaren sus capitales escondidos en lavaderos internacionales o nacionales. Se aplicará además un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados, que ojalá incluya las fincas del expresidente Uribe.
Se trata otra vez de una reforma transitoria que puede solucionar los problemas urgentes, pero no los de mediano y largo plazo. Según Fedesarrollo, la reforma no alcanza a lanzar un mensaje serio a las calificadoras de riesgo que permita recuperar el grado de inversión perdido recientemente. El próximo Gobierno definitivamente tendrá que pensar en hacer otra reforma tributaria para hacer una consolidación de las cuentas fiscales. La misma entidad recomienda sacar a las personas pertenecientes a las actividades de servicios profesionales y consultoría del régimen simple, ya que alimenta la evasión y exonera de impuestos a profesionales bien pagos.
El recaudo tributario en el país oscila alrededor de sólo el 14 % del PIB. Esta reforma aportaría, si acaso, 1,5 % del PIB adicional. Luis Fernando Mejía recordó que las exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales le cuestan al fisco cerca de 6,6 % del PIB y benefician a los más ricos. De eliminarse, el recaudo superaría el 20 % del PIB y le daría una gran holgura a este Gobierno y a los que lo sucedan para financiar el gasto social, algo que al Centro Democrático le tiene sin cuidado.
