El régimen de Maduro se expuso a una contienda electoral donde quedó en evidencia que la perdió, aparentemente por bastante diferencia. La gente aprovechó para movilizarse y mostrarle al mundo su insatisfacción con el penoso estado de cosas que rige allí: opresión política y una hiperinflación que se combatió con la dolarización de la economía, la que dejó a mucha gente sin acceso a dólares, siendo acompañada por una fuerte compresión salarial.
En 1970 la participación del Estado en la economía apenas llegaba al 20 % del PIB y abarcó más de la mitad tras la nacionalización del petróleo, a principios de 1976, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Después vino el aumento estructural de los precios que produjo el cartel de los países de la OPEP, organización que logró extraer copiosas rentas de la economía global. Hoy en día el Estado venezolano controla más de la mitad de la economía del país y la administra tan mal que ha logrado su colapso y el empobrecimiento abrumador de su población.
Un cuarto de siglo bajo el socialismo tropical de Chávez y Maduro ha significado el colapso de las fuerzas productivas del otrora próspero país. La destrucción de tres cuartas partes de la economía, el despido del personal técnico a cargo de la explotación, refinación y distribución del crudo y sus derivados hizo pasar la producción de 3,3 millones de barriles diarios en su momento de apogeo, en el 2000, a 900.000 barriles diarios en la actualidad.
La consecuencia más grave de las purgas políticas en el sector público venezolano, al deshacerse del talento humano construido durante cuatro décadas, fue el colapso económico del país. Al que no fuera leal al régimen político chavista se le despedía sin consideración con su desempeño, acosados por los lengüilargos Diosdado Cabello y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, para ser sustituido por personal incompetente y frecuentemente corrupto. Tal política contribuyó al derrumbe de la productividad y la enorme contracción del producto nacional.
No se trata de meras palabras: la catástrofe del sector público venezolano —y con él de toda la economía— indujo la emigración de ocho millones de ciudadanos, casi 30 % de la población, de los cuales entre dos y medio y tres millones se quedaron en Colombia; el resto fue a Estados Unidos, Centroamérica y otros países del sur de América. Es como si de un día para otro nos informaran en Colombia de la ausencia de 15 millones de conciudadanos que, despedidos de sus trabajos y sin oportunidades para continuar luchando por su supervivencia, optaran por buscar otros destinos.
La recomposición de las fuerzas opuestas al régimen de Maduro bajo la conducción de María Corina Machado ha abierto la posibilidad de negociar con él una salida política a la crisis que enfrenta el régimen, cada vez más aislado, sin acceso al sistema financiero internacional y sometido a sanciones que le recortan los ingresos que pueda lograr por la venta de su combustible a escala global, ya que debe venderlo a menos precio en mercados oscuros. Maduro intentó ponerle conejo al Acuerdo de Barbados, en el que se contemplaba retirarle las sanciones con tal de que le ofreciera garantías a la oposición en las elecciones del 28 de julio pasado, algo que incumplió olímpicamente. La movida torcida no le salió bien y se vio castigado con la reimposición de los castigos.
La triada de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador ofreció intermediar tibiamente entre el régimen y la oposición para lograr acuerdos, pero a la fecha no ha conseguido nada significativo, fuera del agradecimiento del dictador por los buenos oficios ofrecidos para encubrir sus entuertos.
En todo caso, los venezolanos se resisten con cada vez más fuerza a los designios de la dictadura que los oprime desde 1999.
