El coronel Hugo Chávez dio un golpe de Estado en 1992 que fracasó y por el que fue encausado y condenado. Fue perdonado por el presidente Rafael Caldera en 1994, pero su hazaña le dio suficiente popularidad como para ser elegido presidente en 1998. A partir de entonces, Chávez se apoderó de todas las instancias de poder del vecino país. Enfermó de cáncer en 2011 y murió en 2013, pero antes de morir alcanzó a nombrar sucesor a Nicolás Maduro, quien era líder de un gremio de conductores de bus y gobierna con mano férrea desde entonces, iluminado siempre por Diosdado Cabello.
En los comicios de julio de 2024, Maduro obtuvo un cuestionado tercer período, pues nunca probó con la presentación de las actas de votación que fuera el ganador. Con el ejército y la policía en la calle, el dictador ha logrado hasta el momento controlar los movimientos en su contra. Mientras las fuerzas armadas le sean fieles, habrá control del régimen chavista por tiempo indefinido.
La estrategia de Chávez fue la de expropiar a la burguesía venezolana y expatriar a sus oponentes más vocales, lo cual condujo a una crisis prolongada, a que sus huestes depredaran las empresas públicas y a que el país perdiera el 80 % de su riqueza. Maduro ha cambiado de rumbo: está devolviendo los activos expropiados a sus dueños y permitiendo el resurgimiento de un empresariado que tiene libertad de acción, mientras no ejerza oposición a la dictadura.
Según la agencia británica de noticias, BBC News, Maduro “ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas. Muchas de ellas en avanzado estado de deterioro”. La Chevron de Estados Unidos administra hoy en día la empresa estatal petrolera PDVSA. Se dice, además, “que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas. Todos estos gestos hacen creer que el país consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como ‘capitalismo autoritario’”.
La dictadura admite el enriquecimiento privado, pero excluye a sus representantes del poder político que monopoliza. La nueva política ha puesto fin a la crónica escasez de alimentos, bienes de consumo y medicamentos que fuera causada por la pésima gestión de las empresas públicas y por regulaciones como el control de precios. Sobre todo en Caracas florecen negocios que atienden los consumos de clase alta que no se veían antes. “Sin embargo, agrega la BBC, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio”.
Los ajustes previos sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía lleve más de tres años creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela, todavía lejos de recuperar el producto nacional que perdió en su larga crisis. El gobierno optó por la dolarización tras haber corrompido la moneda nacional, el bolívar, con excesos de emisión.
La apertura fue obligada por el colapso de la renta petrolera: la producción pasó de tres millones de barriles diarios a solo 500.000 en la actualidad, propiciada también por la caída de los precios del crudo a partir de 2014. Eso significó la quiebra del Estado venezolano que dependía del petróleo en un 90 % de sus ingresos, que no de los impuestos de sus ciudadanos.
La población venezolana debía aproximarse a 30 millones de personas en 2024. No obstante, el colapso económico y la represión política han obligado a emigrar a cerca de 8 millones de personas, 30 % de la población que ha votado con sus pies. Las mayores pérdidas para el vecino país han sido su libertad y la de tanta población: el capital humano que tardó muchas décadas en formarse.
